TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Colección Textos Legales, número 69

Octava edición: junio de 2011

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Edita: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

© De los sumarios, selección y ordenación de textos, notas e índices, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Edición a cargo de María Eulalia Castellanos Nadal

ISBN: 978-84-340-1977-5

NIPO: 007-11-086-4

MADRID, 2011

Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Avda. de Manoteras, 54. 28050 Madrid

§ 1 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1978

(«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978)

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TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional [1]

Art. 159. 1. El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial [2].

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional [3].

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres [4].

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial [5].

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato [6].

Art. 160. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años [7].

Art. 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer [8]:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada [9].

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca [10].

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí [11].

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses [12].

Art. 162. 1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas [13].

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal [14].

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Art. 163. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos [15].

Art. 164. 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos [16].

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Art. 165. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones [17].

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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Novena. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá porsorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior [18]. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

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[1] Este título se desarrolla por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que se incluye a continuación.

[2] Véanse al respecto los artículos 204 a 206 del Reglamento del Congreso de los Diputados publicado por Resolución de 24 de febrero de 1982 («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), 184, 185 y 186 del Reglamento del Senado, aprobado el día 3 de mayo de1994 («BOE» núm. 114, de 13 de mayo), conforme a la modificaciones introducidas por las Resoluciones de 14 de junio de 2000 («BOE» núm. 145, de 17 de junio) de la Presidencia del Senado y de 22 de noviembre de 2007 («BOE» núm. 284, de 27 de noviembre), 107.2 y 127.1.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que figura a continuación.

[3] Véase el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[4] Véase el artículo 16.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[5] Ténganse en cuenta al respecto los artículos 70.1.a), y 127 de esta Constitución; 19 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero («BOE» núm. 21, de 24 de enero), de incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, cuyo único artículo declara aplicable la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («BOE» núm. 4, de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que esta última ha sido objeto de diversas modificaciones.

[6] Véanse los artículos 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 508 del Código Penal.

[7] Véase el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[8] Sobre competencia del Tribunal Constitucional, véanse los artículos 2 a 4 y 59 de su Ley Orgánica.

[9] Véanse los artículos 27 a 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 5.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio («BOE» núm. 157, de 2 de julio; corrección de errores en «BOE» núm. 264, de 4 de noviembre), del Poder Judicial.

[10] Véanse los artículos 41 a 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se incluye a continuación.

[11] Véanse los artículos 59 a 75 quinquies de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[12] Véase el título V (arts. 76 y 77) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[13] Véase el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[14] Véase el artículo 46 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[15] Véanse los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[16] Véanse los artículos 38 a 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 7.2 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero («BOE» núm. 37, de 12 de febrero), de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado».

[17] Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (§ 2).

[18] Véase la disposición transitoria 3.a de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

§ 2 LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE (JEFATURA DEL ESTADO), DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL [1]

(«BOE» núm. 239, de 5 de octubre de 1979)

TÍTULO PRIMERO

Del Tribunal Constitucional

CAPÍTULO PRIMERO

Del Tribunal Constitucional, su organización
y atribuciones

Artículo 1. 1. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.

2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional [2].

Art. 2. 1. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina:

a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución.

c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.

d) bis De los conflictos en defensa de la autonomía local [3].

e) De la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales [4].

f) De las impugnaciones previstas en el numero 2 del artículo 161 de la Constitución.

g) De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley.

h) De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas [5].

2. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente Ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente [6].

Art. 3. La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta.

Art. 4. 1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia.

2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.

3. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución [7].

Art. 5. El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional [8].

Art. 6. 1. El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala o en Sección [9].

2. El Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad [10].

Art. 7. 1. El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

2. El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

3. El Vicepresidente del Tribunal presidirá en la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

Art. 8. 1. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituirán Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados.

2. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la Sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley.

3. Podrá corresponder también a las Secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la Sala correspondiente les defiera en los términos previstos en esta ley [11].

Art. 9. 1. El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su Presidente y propone al Rey su nombramiento [12].

2. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en el caso de igualdad el de mayor edad.

3. El nombre del elegido se elevará al Rey para su nombramiento por un período de tres años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.

4. El Tribunal en Pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el apartado 2 de este artículo y por el mismo período de tres años, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda.

Art. 10. 1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos [13]:

a) De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

b) De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación.

c) De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo.

d) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

e) De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución.

f) De los conflictos en defensa de la autonomía local [14].

g) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.

h) De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3.

i) De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.

j) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.

k) De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

l) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23.

m) De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal.

n) De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica.

2. En los casos previstos en los párrafos d), e) y f) del apartado anterior, en el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la Sala que corresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes.

3. El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado [15].

Art. 11. 1. Las Salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno.

2. También conocerán las Salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las Secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia Sala.

Art. 12. La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente.

Art. 13. Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno.

Art. 14. El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerirá la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros [16].

Art. 15. El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal [17].

CAPÍTULO II

De los Magistrados del Tribunal Constitucional

Art. 16. 1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo 159.1 de la Constitución.

Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.

2. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos.

3. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados.

4. Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.

5. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación [18].

Art. 17. 1. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos Magistrados que inicien el procedimiento para ello.

2. Los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.

Art. 18. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida etencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función [19].

Art. 19. 1. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: Primero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

2. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como Magistrado del Tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida [20].

Art. 20. Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados Magistrados y letrados del Tribunal pasarán a la situación de servicios especiales en su carrera de origen [21].

Art. 21. El Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestarán, al asumir su cargo ante el Rey, el siguiente juramento o promesa:

«Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución Española, lealtad a la Corona y cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional» [22].

Art. 22. Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece [23].

Art. 23. 1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal; segundo, por expiración del plazo de su nombramiento; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

2. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como en el de fallecimiento, se decretará por el Presidente. En los restantes supuestos decidirá el Tribunal en Pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto y por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros en los demás casos [24].

Art. 24. Los Magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artículo anterior. La suspensión requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

Art. 25. 1. Los Magistrados del Tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese.

2. Cuando el Magistrado del Tribunal proceda de cualquier cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se le computará, a los efectos de determinación del haber pasivo, el tiempo de desempeño de las funciones constitucionales y se calculará aquél sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al Magistrado del Tribunal Constitucional durante el último año.

Art. 26. La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional sólo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [25].

TÍTULO II

De los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 27. 1. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.

2. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:

a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.

b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley [26]. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número 6 del artículo 82 de la Constitución.

c) Los Tratados Internacionales [27].

d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa [28].

f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Art. 28. 1. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas.

2. Asimismo el Tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo 81 de la Constitución los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no haya sido aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad Autónoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgánica o impliquen modificación o derogación de una Ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido [29].

Art. 29. 1. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante:

a) El recurso de inconstitucionalidad [30].

b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales [31].

2. La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso.

Art. 30. La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161.2 de la Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO II

Del recurso de inconstitucionalidad

Art. 31. El recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial.

Art. 32. 1. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás Leyes del Estado, orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de Ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales:

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Defensor del Pueblo [32].

c) Cincuenta Diputados.

d) Cincuenta Senadores.

2. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto [33].

Art. 33. 1. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.

b) Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado.

c) Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3. Lo señalado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de interposición del recurso de inconstitucionalidad por los demás órganos y personas a que hace referencia el artículo 32 [34].

Art. 34. 1. Admitida a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposición con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas [35].

2. La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días.

CAPÍTULO III

De la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales

Art. 35. 1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley [36].

2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal [37] para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme [38].

3. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión [39].

Art. 36. El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo anterior, si las hubiere [40].

Art. 37. 1. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se sustanciará por los trámites del apartado 2 de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada.

2. Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días [41].

3. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días [42].

CAPÍTULO IV

De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos

Art. 38. 1. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» [43].

2. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional [44].

3. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.

Art. 39. 1. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.

2. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso.

Art. 40. 1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

2. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales [45].

TÍTULO III

Del recurso de amparo constitucional [46]

CAPÍTULO PRIMERO

De la procedencia e interposición del recurso de amparo constitucional

Art. 41. 1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución [47].

2. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes [48].

3. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso.

Art. 42. Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes [49].

Art. 43. 1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente [50].

2. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial [51].

3. El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo [52].

Art. 44. 1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes [53]:

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial [54].

Art. 45. [.......] [55].

Art. 46. 1. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

a) En los casos de los artículos 42 y 45, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

b) En los casos de los artículos 43 y 44, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicará a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicación tendrá carácter preferente [56].

Art. 47. 1. Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso o que ostenten un interés legítimo en el mismo.

2. El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley [57].

CAPÍTULO II

De la tramitación de los recursos de amparo constitucional

Art. 48. El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones [58].

Art. 49. 1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

2. Con la demanda se acompañarán:

a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.

b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.

3. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal.

4. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la inadmisión del recurso [59].

Art. 50. 1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos:

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno [60].

Art. 51. 1. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerirá con carácter urgente al órgano o a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoció del procedimiento precedente para que, en plazo que no podrá exceder de diez días, remita las actuaciones o testimonio de ellas.

2. El órgano, autoridad, Juez o Tribunal acusará inmediato recibo del requerimiento, cumplimentará el envío dentro del plazo señalado y emplazará a quienes fueron parte en el procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez días.

Art. 52. 1. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administración Pública y al Ministerio Fiscal. La vista será por plazo común que no podrá exceder de veinte días, y durante él podrán presentarse las alegaciones procedentes.

2. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones o señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación.

3. La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación [61].

CAPÍTULO III

De la resolución de los recursos de amparo constitucional y sus efectos

Art. 53. La Sala o, en su caso, la Sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos [62]:

a) Otorgamiento de amparo.

b) Denegación de amparo.

Art. 54. Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales [63]

Art. 55. 1. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:

a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

2. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes [64].

Art. 56. 1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.

2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.

4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse.

5. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.

6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno [65].

Art. 57. La suspensión o su denegación puede ser modificada durante el curso del juicio de amparo constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión.

Art. 58. 1. Serán competentes para resolver sobre las peticiones de indemnización de los daños causados como consecuencia de la concesión o denegación de la suspensión los Jueces o Tribunales, a cuya disposición se pondrán las fianzas constituidas.

2. Las peticiones de indemnización, que se sustanciarán por el trámite de los incidentes, deberán presentarse dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional [66].

TÍTULO IV

De los conflictos constitucionales [67]

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 59. 1. El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las Leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan:

a) Al Estado con una o más Comunidades Autónomas.

b) A dos o más Comunidades Autónomas entre sí.

c) Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial, o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.

2. El Tribunal Constitucional entenderá también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma [68].

CAPÍTULO II

De los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí

Art. 60. Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que determinan los artículos siguientes. Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas.

Art. 61. 1. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos.

2. Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artículo anterior con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier Tribunal, éste suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto constitucional.

3. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos.

Sección 1.a Conflictos positivos

Art. 62. Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo 161.2 de la Constitución, con los efectos correspondientes.

Art. 63. 1. Cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considerase que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquélla o a éste para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión.

2. El requerimiento de incompetencia podrá formularse dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación y se dirigirá directamente al Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autónoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso.

3. En el requerimiento se especificarán con claridad los preceptos de la disposición o los puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia, así como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte.

4. El órgano requerido, si estima fundado el requerimiento, deberá atenderlo en el plazo máximo de un mes a partir de su recepción, comunicándolo así al requirente y al Gobierno, si éste no actuara en tal condición. Si no lo estimara fundado, deberá igualmente rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo término se entenderán en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos.

5. Dentro del mes siguiente a la notificación del rechazo o al término del plazo a que se refiere el apartado anterior, el órgano requirente, si no ha obtenido satisfacción, podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del trámite de requerimiento y alegando los fundamentos jurídicos en que éste se apoya.

Art. 64. 1. En el término de diez días, el Tribunal comunicará al Gobierno u órgano autonómico correspondiente la iniciación del conflicto, señalándose plazo, que en ningún caso será mayor de veinte días, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes [69].

2. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión por la Comunidad Autónoma y con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al conflicto.

3. En los restantes supuestos, el órgano que formalice el conflicto podrá solicitar del Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación; el Tribunal acordará o denegará libremente la suspensión solicitada.

4. El planteamiento del conflicto iniciado por el Gobierno y, en su caso, el auto del Tribunal por el que se acuerde la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto serán notificados a los interesados y publicados en el correspondiente «Diario Oficial» por el propio Tribunal.

Art. 65. 1. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas.

2. En el caso previsto en el número 2 del artículo anterior, si la sentencia no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciación del conflicto, el Tribunal deberá resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados de incompetencia por el Gobierno.

Art. 66. La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma.

Art. 67. Si la competencia controvertida hubiera sido atribuida por una Ley o norma con rango de Ley, el conflicto de competencias se tramitará desde su inicio o, en su caso, desde que en defensa de la competencia ejercida se invocare la existencia de la norma legal habilitante, en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad.

Sección 2.a Conflictos negativos

Art. 68. 1. En el caso de que un órgano de la Administración del Estado declinare su competencia para resolver cualquier pretensión deducida ante el mismo por persona física o jurídica, por entender que la competencia corresponde a una Comunidad Autónoma, el interesado, tras haber agotado la vía administrativa mediante recurso ante el Ministerio correspondiente, podrá reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autónoma que la resolución declare competente. De análogo modo se procederá si la solicitud se promueve ante una Comunidad Autónoma y ésta se inhibe por entender competente al Estado o a otra Comunidad Autónoma.

2. La Administración solicitada en segundo lugar deberá admitir o declinar su competencia en el plazo de un mes. Si la admitiere, procederá a tramitar la solicitud presentada. Si se inhibiere, deberá notificarlo al requirente, con indicación precisa de los preceptos en que se funda su resolución.

3. Si la Administración a que se refiere el apartado anterior declinare su competencia o no pronunciare decisión afirmativa en el plazo establecido, el interesado podrá acudir al Tribunal Constitucional. A tal efecto, deducirá la oportuna demanda dentro del mes siguiente a la notificación de la declinatoria o si transcurriese el plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo sin resolución expresa, en solicitud de que se tramite y resuelva el conflicto de competencia negativo.

Art. 69. 1. La solicitud de planteamiento de conflicto se formulará mediante escrito, al que habrán de acompañarse los documentos que acrediten haber agotado el trámite a que se refiere el artículo anterior y las resoluciones recaídas durante el mismo.

2. Si el Tribunal entendiere que la negativa de las Administraciones implicadas se basa precisamente en una diferencia de interpretación de preceptos constitucionales o de los Estatutos de Autonomía o de Leyes orgánicas u ordinarias que delimiten los ámbitos de competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas declarará, mediante auto que habrá de ser dictado dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, planteado el conflicto. Dará inmediato traslado del auto al solicitante y a las Administraciones implicadas, así como a cualesquiera otras que el Tribunal considere competentes, a las que remitirá además copia de la solicitud de su planteamiento y de los documentos acompañados a la misma y fijará a todos el plazo común de un mes para que aleguen cuanto estimen conducente a la solución del conflicto planteado [70].

Art. 70. 1. Dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo señalado en el artículo anterior o, en su caso, del que sucesivamente el Tribunal hubiere concedido para responder a las peticiones de aclaración, ampliación o precisión que les hubiere dirigido, se dictará sentencia que declarará cuál es la Administración competente.

2. Los plazos administrativos agotados se entenderán nuevamente abiertos por su duración ordinaria a partir de la publicación de la sentencia [71].

Art. 71. 1. El Gobierno podrá igualmente plantear conflicto de competencias negativo cuando habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la Comunidad confieran sus propios estatutos o una Ley orgánica de delegación o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el órgano requerido [72].

2. La declaración de incompetencia se entenderá implícita por la simple inactividad del órgano ejecutivo requerido dentro del plazo que el Gobierno le hubiere fijado para el ejercicio de sus atribuciones, que en ningún caso será inferior a un mes.

Art. 72. 1. Dentro del mes siguiente al día en que de manera expresa o tácita haya de considerarse rechazado el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno podrá plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto negativo mediante escrito en el que habrán de indicarse los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que a su juicio obligan a la Comunidad Autónoma a ejercer sus atribuciones [73].

2. El Tribunal dará traslado del escrito al órgano ejecutivo superior de la Comunidad Autónoma, al que fijará un plazo de un mes para presentar las alegaciones que entienda oportunas.

3. Dentro del mes siguiente a la conclusión de tal plazo o, en su caso, del que sucesivamente hubiere fijado al Estado o a la Comunidad Autónoma para responder a las peticiones de aclaración, ampliación o precisiones que les hubiere dirigido, el Tribunal dictará sentencia, que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

a) La declaración de que el requerimiento es procedente, que conllevará al establecimiento de un plazo dentro del cual la Comunidad Autónoma deberá ejercitar la atribución requerida.

b) La declaración de que el requerimiento es improcedente.

CAPÍTULO III

De los conflictos entre órganos constitucionales del Estado

Art. 73. 1. En el caso en que alguno de los órganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59.3 de esta Ley [74], por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque.

2. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. A tal efecto, presentará un escrito en el que se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará una certificación de los antecedentes que repute necesarios y de la comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el apartado anterior de este artículo [75].

Art. 74. Recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, dará traslado del mismo al órgano requerido y le fijará el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes. Idénticos traslados y emplazamientos se harán a todos los demás órganos legitimados para plantear este género de conflictos, los cuales podrán comparecer en el procedimiento, en apoyo del demandante o del demandado, si entendieren que la solución del conflicto planteado afecta de algún modo a sus propias atribuciones [76].

Art. 75. 1. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro del mes siguiente a la expiración del plazo de alegaciones a que se refiere el artículo anterior o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias, que no será superior a otros treinta días.

2. La sentencia del Tribunal determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los
mismos [77].

CAPÍTULO IV

De los conflictos en defensa de la autonomía local [78]

Art. 75 bis. 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos.

Art. 75 ter. 1. Están legitimados para plantear estos conflictos:

a) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley.

b) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

c) Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial.

2. Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la autonomía local será necesario el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las mismas.

3. Una vez cumplido el requisito establecido en el apartado anterior, y de manera previa a la formalización del conflicto, deberá solicitarse dictamen, con carácter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenezcan las Corporaciones locales corresponda a varias o a una Comunidad Autónoma. En las Comunidades Autónomas que no dispongan de órgano consultivo, el dictamen corresponderá al Consejo de Estado.

4. Las asociaciones de entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados a fin de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitación del presente conflicto.

Art. 75 quáter. 1. La solicitud de los dictámenes a que se refiere el artículo anterior deberá formalizarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiona la autonomía local.

2. Dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, los municipios o provincias legitimados podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior y alegándose los fundamentos jurídicos en que se apoya.

Art. 75 quinquies. 1. Planteado el conflicto, el Tribunal podrá acordar, mediante auto motivado, la inadmisión del mismo por falta de legitimación u otros requisitos exigibles y no subsanables o cuando estuviere notoriamente infundada la controversia suscitada.

2. Admitido a trámite el conflicto, en el término de diez días, el Tribunal dará traslado del mismo a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma de quien hubiese emanado la ley, y en todo caso a los órganos legislativo y ejecutivo del Estado. La personación y la formulación de alegaciones deberán realizarse en el plazo de veinte días [79].

3. El planteamiento del conflicto será notificado a los interesados y publicado en el correspondiente «Diario Oficial» por el propio Tribunal.

4. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión y resolverá dentro de los quince días siguientes al término del plazo de alegaciones o del que, en su caso, se fijare para las informaciones, aclaraciones o precisiones complementarias antes aludidas.

5. La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local [80].

6. La declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la cuestión tras la resolución del conflicto declarando que ha habido vulneración de la autonomía local. La cuestión se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 37 y concordantes y tendrá los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes.

TÍTULO V

De la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución

Art. 76. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.

Art. 77. La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos 62 a 67 de esta Ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia [81].

TÍTULO VI

De la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales [82]

Art. 78. 1. El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un Tratado Internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.

2. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados, según lo previsto en el apartado anterior, a fin de que, en el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Constitución, tendrá carácter vinculante [83].

3. En cualquier momento podrá el Tribunal Constitucional solicitar de los órganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas físicas o jurídicas u otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas cuantas aclaraciones, ampliaciones o precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese concedido para responder a sus consultas, que no podrá exceder de treinta días.

Art. 79. [.......] [84].

TÍTULO VII

De las disposiciones comunes sobre procedimiento

Art. 80. Se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial [85] y de la Ley de Enjuiciamiento Civil [86], en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados [87].

Art. 81. 1. Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deberán conferir su representación a un Procurador y actuar bajo la dirección de Letrado. Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de Licenciado en Derecho aunque no ejerzan la profesión de Procurador o de Abogado [88].

2. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de Abogado se requerirá estar incorporado a cualquiera de los Colegios de Abogados de España en calidad de ejerciente [89].

3. Estarán inhabilitados para actuar como Abogado ante el Tribunal Constitucional quienes hubieren sido Magistrados o Letrados del mismo.

Art. 82. 1. Los órganos o el conjunto de Diputados o Senadores investidos por la Constitución y por esta Ley de legitimación para promover procesos constitucionales actuarán en los mismos representados por el miembro o miembros que designen o por un comisionado nombrado al efecto.

2. Los órganos ejecutivos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, serán representados y defendidos por sus Abogados. Por los órganos ejecutivos del Estado actuará el Abogado del Estado [90].

Art. 83. El Tribunal podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez días.

Art. 84. El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisión, podrá comunicar a los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisión o inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desestimación de la pretensión constitucional. La audiencia será común, por plazo no superior al de diez días con suspensión del término para dictar la resolución que procediere [91].

Art. 85. 1. La iniciación de un proceso constitucional deberá hacerse por escrito fundado en el que se fijará con precisión y claridad lo que se pida.

2. Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición, en el registro del Tribunal Constitucional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El Tribunal determinará reglamentariamente las condiciones de empleo, a los efectos anteriores, de cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos.

3. El Pleno o las Salas podrán acordar la celebración de vista oral [92].

Art. 86. 1. La decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad adoptarán la forma de auto salvo que la presente Ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole de su contenido [93].

2. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el título VI se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» dentro de los 30 días siguientes a la fecha del fallo. También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la misma forma cuando así lo estime conveniente [94].

3. Sin perjuicio en lo dispuesto en el apartado anterior, el Tribunal podrá disponer que las sentencias y demás resoluciones dictadas sean objeto de publicación a través de otros medios, y adoptará, en su caso, las medidas que estime pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la Constitución [95]

Art. 87. 1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

2. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.

Art. 88. 1. El Tribunal Constitucional podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de cualquier Administración Pública la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional. Si el recurso hubiera sido ya admitido, el Tribunal habilitará un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser conocidos por las partes para que éstas aleguen lo que a su derecho convenga [96].

2. El Tribunal dispondrá las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecte a determinada documentación y el que por decisión motivada acuerde para determinadas actuaciones.

Art. 89. 1. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la práctica de prueba cuando lo estimare necesario y resolverá libremente sobre la forma y el tiempo de su realización, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta días.

2. Si un testigo, citado por el Tribunal, sólo puede comparecer con autorización superior, la autoridad competente para otorgarla expondrá al Tribunal, en su caso, las razones que justifican su denegación. El Tribunal, oído este informe, resolverá en definitiva.

Art. 90. 1. Salvo en los casos para los que esta Ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, Sala o Sección que participen en la deliberación. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente [97].

2. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en voto particular su opinión discrepante, siempre que haya sido defendida en la deliberación, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. Los votos particulares se incorporarán a la resolución y cuando se trate de sentencias, autos o declaraciones se publicarán con éstas en el «Boletín Oficial del Estado» [98].

Art. 91. El Tribunal podrá suspender el procedimiento que se sigue ante el mismo hasta la resolución de un proceso penal pendiente ante un Juzgado o Tribunal de este orden.

Art. 92. El Tribunal podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.

Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó [99].

Art. 93. 1. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos días a contar desde su notificación las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas.

2. Contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo. El recurso podrá interponerse en el plazo de tres días y se resolverá, previa audiencia común de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes [100].

Art. 94. El Tribunal, a instancia de parte o de oficio, deberá, antes de pronunciar sentencia, subsanar o convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento.

Art. 95. 1. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito [101].

2. El Tribunal podrá imponer las costas que se derivaren de la tramitación del proceso a la parte o partes que hayan mantenido posiciones infundadas, si apreciare temeridad o mala fe [102].

3. El Tribunal podrá imponer a quien formulase recursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sanción pecuniaria de 600 a 3.000 euros.

4. Podrá imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar [103].

5. Los límites de la cuantía de estas sanciones o multas podrán ser revisados, en todo momento, mediante Ley ordinaria.

TÍTULO VIII

Del personal al servicio del Tribunal Constitucional [104]

Art. 96. 1. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:

a) El Secretario General.

b) Los letrados.

c) Los secretarios de justicia.

d) Los demás funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional.

2. Este personal se rige por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento que en su desarrollo se dicte [105], y, con carácter supletorio, en lo que sea aplicable por la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia.

3. Los cargos y funciones relacionados en este artículo son incompatibles con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aquellas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten incompatibles con el mejor servicio de éste [106].

Art. 97. 1. El Tribunal Constitucional estará asistido por letrados que podrán ser seleccionados mediante concurso-oposición entre funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho, de acuerdo con el reglamento del Tribunal, o ser libremente designados en régimen de adscripción temporal, por el mismo Tribunal, en las condiciones que establezca el reglamento, entre abogados, profesores de universidad, magistrados, fiscales o funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho. Los nombrados quedarán en su carrera de origen en situación de servicios especiales por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional [107].

2. Durante los tres años inmediatamente posteriores al cese en sus funciones, los letrados tendrán la incompatibilidad a que se refiere el artículo 81.3 [108].

Art. 98. El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario General elegido por el Pleno y nombrado por el Presidente entre los letrados, cuya jefatura ejercerá sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las Salas [109].

Art. 99. 1. Corresponde también al Secretario General, bajo la autoridad e instrucciones del Presidente:

a) La dirección y coordinación de los servicios del Tribunal y la jefatura de su personal.

b) La recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal.

c) La preparación, ejecución y liquidación de presupuesto, asistido por el personal técnico.

d) Las demás funciones que le atribuya el reglamento del Tribunal [110].

2. Las normas propias del Tribunal podrán prever supuestos de delegación de competencias administrativas del Presidente en el Secretario General. Del mismo modo podrá preverse la delegación de competencias propias del Secretario General.

3. Contra las resoluciones del Secretario General podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta decisión será susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo [111].

Art. 100. El Tribunal tendrá el número de secretarios de justicia que determine su plantilla. Los secretarios de justicia procederán del Cuerpo de Secretarios Judiciales y las vacantes se cubrirán por concurso de méritos entre quienes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo [112].

Art. 101. Los Secretarios de Justicia ejercerán en el Tribunal o en las Salas la fe pública judicial y desempeñarán, respecto del Tribunal o Sala a la que estén adscritos, las funciones que la legislación orgánica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuye a los Secretarios [113].

Art. 102. El Tribunal Constitucional adscribirá a su servicio el personal de la Administración de Justicia y demás funcionarios en las condiciones que fije su reglamento. Podrá, asimismo, contratar personal en régimen laboral para el desempeño de puestos que no impliquen participación directa ni indirecta en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional, y cuyas funciones sean propias de oficios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo. La contratación de este personal laboral se realizará mediante procesos de selección ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad [114].

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. 1. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elevarán al Rey las propuestas de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Este plazo se interrumpirá para las Cámaras por el tiempo correspondiente a los períodos intersesiones.

2. El Tribunal se constituirá dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación de los últimos nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro del mismo período de sesiones. En otro caso se constituirá y comenzará a ejercer sus compentencias, en los quince días siguientes, al término del período de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos, cualquiera que sea la razón que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los Magistrados previstos en el artículo 5 de esta Ley [115].

3. En el primer concurso-oposición la selección de los Letrados del Tribunal Constitucional se realizará por una Comisión del propio Tribunal designada por el Pleno de éste y presidida por el Presidente del Tribunal.

Segunda. 1. Los plazos previstos en esta Ley para interponer el recurso de inconstitucionalidad o de amparo o promover un conflicto constitucional comenzarán a contarse desde el día en que quede constituido el Tribunal de acuerdo con la disposición transitoria anterior, cuando las Leyes, disposiciones, resoluciones o actos que originen el recurso o conflicto fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado sus efectos.

2. En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución para configurar el procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales se entenderá que la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la contencioso-administrativa ordinaria o la configurada en la sección segunda de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre [116], sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se refiere el expresado artículo 53.2 de la Constitución.

Tercera. 1. Los sorteos a que se refiere la disposición transitoria novena de la Constitución se efectuarán dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis años de aquella otra en que se produjo la inicial designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

2. No será aplicable la limitación establecida en el artículo 16.2 de esta Ley a los Magistrados del Tribunal que cesaran en sus cargos, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena de la Constitución, a los tres años de su designación.

Cuarta. El Gobierno habilitará los créditos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Constitucional hasta que éste disponga de presupuesto propio.

Quinta. En el caso de Navarra, y salvo que de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Constitución ejerciera su derecho a incorporarse al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la legitimación para suscitar los conflictos previstos en el artículo 2.1.c), y para promover el recurso de inconstitucionalidad que el artículo 32 confiere a los órganos de las Comunidades Autónomas se entenderá conferida a la Diputación y al Parlamento Foral de Navarra.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 1. El número de letrados seleccionados mediante concurso-oposición a los que se refiere el artículo 97.1 no podrá exceder de 16.

2. La plantilla del personal del Tribunal Constitucional sólo podrá ser modificada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado [117].

Segunda. 1. El Tribunal elaborará su presupuesto, que figurará como una sección dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

2. El Secretario general, asistido de personal técnico, asumirá la preparación, ejecución y liquidación del presupuesto.

Tercera. 1. Las referencias a las provincias contenidas en esta Ley se entenderán realizadas a las islas en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias.

2. Además de los sujetos legitimados de acuerdo con el artículo 75 ter.1 lo estarán también, frente a Leyes y disposiciones normativas con rango de Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias, tres Cabildos, y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dos Consejos Insulares, aun cuando en ambos casos no se alcance el porcentaje de población exigido en dicho precepto [118].

Cuarta. 1. Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las de cada uno de sus Territorios Históricos se regirán por lo dispuesto en el artículo 39 de su Estatuto de Autonomía.

2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, además de los sujetos legitimados a que se refiere el artículo 75 ter.1, lo estarán también, a los efectos de los conflictos regulados en el artículo 75 bis de esta Ley, las correspondientes Juntas Generales y las Diputaciones Forales de cada Territorio Histórico, cuando el ámbito de aplicación de la ley afecte directamente a dicha Comunidad Autónoma [119].

Quinta. 1. Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre).

El Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.

El parámetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustará a lo dispuesto en el artículo veintiocho de esta Ley.

2. La interposición y sus efectos, la legitimación, tramitación y sentencia de los recursos y cuestiones referidos en el apartado anterior, se regirá por lo dispuesto en el Título II de esta Ley para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad respectivamente.

Los trámites regulados en los artículos 34 y 37 se entenderán en su caso con las correspondientes Juntas Generales y Diputaciones Forales.

En la tramitación de los recursos y cuestiones regulados en esta disposición adicional se aplicarán las reglas atributivas de competencia al Pleno y a las Salas de los artículos diez y once de esta Ley.

3. Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada.

Están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante acuerdo adoptado al efecto.

Los referidos conflictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 63 y siguientes de esta Ley [120].

[1] Esta Ley Orgánica desarrolla el título IX (artículos 159 a 165) de la Constitución Española (§ 1).

El Tribunal Constitucional comenzó a ejercer sus funciones el 15 de julio de 1980, de conformidad con el Acuerdo del Pleno de 14 de julio de 1980 («BOE» núm. 168, de 14 de julio).

[2] Véase el artículo 161.1 de la Constitución Española.

[3] Letra añadida por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril).

Véase el capítulo IV del título IV de la presente Ley Orgánica.

[4] Letra redactada conforme a la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio («BOE» núm. 137, de 8 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 143, de 15 de junio).

[5] Véanse las siguientes Leyes Orgánicas:

– Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (art. 8).

– Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (art. 6).

– Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, por la que se regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia (art. 1).

– Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 49.3 a 5 y 114.2).

– Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales (art. 20).

– Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar (art. 5).

Véase, asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (arts. 63.3 y 119).

[6] Véanse los siguientes Acuerdos del Tribunal Constitucional:

– Acuerdo de 5 de julio de 1990 (§ 3), del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.

– Acuerdo de 15 de junio de 1982 (§ 4), del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se acuerdan las normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período de vacaciones.

– Acuerdo de 12 de diciembre de 1988 (§ 5), de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se establecen normas para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales en dicho Tribunal.

– Acuerdo de 19 de diciembre de 2002 (§ 6), del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional.

– Acuerdo de 18 de junio de 1996 (§ 7), del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional.

– Acuerdo de 20 de enero de 2000 (§ 8), del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueban normas sobre tramitación de los recursos de amparo a que se refiere la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

– Acuerdo de 20 de enero de 2005, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la sustitución de Magistrados a los efectos previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (transcrito en nota al citado artículo).

[7] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

[8] Véase el artículo 159 de la Constitución.

[9] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

[10] Véase el artículo 17 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (§ 3).

[11] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

Por Acuerdo del Pleno de 16 de junio de 2004 («BOE» núm. 151, de 23 de junio) se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional.

[12] Véase el artículo 160 de la Constitución.

[13] Además de las competencias establecidas en este artículo, ténganse en cuenta las determinadas en los artículos 2 y 3 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (§ 3).

[14] Artículos 75 bis y siguientes de la presente Ley Orgánica.

[15] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

[16] El Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de enero de 2005 («BOE» núm. 21, de 25 de enero), establece:

«La sustitución de Magistrados, a los efectos previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1979, se hará conforme a las siguientes reglas:

1.ª Sustitución en las Salas. Si no hubiere Magistrados suficientes para formar Sala, ésta se integrará con Magistrados miembros de la otra Sala, por orden de menor antigüedad y, si ésta fuere igual, de menor edad.

2.ª Sustitución en las Secciones. Si no hubiere Magistrados suficientes para formar Sección, ésta se integrará con Magistrados miembros de la Sala correspondiente, o, en su defecto, de la otra Sala, siempre conforme al orden establecido en la regla anterior.

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.».

[17] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Véanse, al respecto, los artículos 1 y 14 a 19 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (§ 3); los artículos 10 y 12 del Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto («BOE» núm. 188, de 8 de agosto; corrección de errores en «BOE» núm. 189, de 9 de agosto), por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado; el artículo 16 del Real Decreto 684/2010, de 11 de abril («BOE» núm. 125, de 20 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares; el artículo 3 del Real Decreto 1123/2008, de 4 de julio («BOE» núm. 165, de 9 de julio), sobre pasaportes diplomáticos; la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero («BOE» núm. 21, de 24 de enero), de incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, cuyo único artículo declara aplicable la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («BOE» núm. 4, de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que esta última ha sido objeto de diversas modificaciones, y el artículo 6.1.b), de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio («BOE» núm. 147, de 20 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 17, de 20 de enero de 1986), del Régimen Electoral General.

[18] Los cuatro primeros apartados de este artículo están redactados de conformidad con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo). El apartado 5 ha sido adicionado por la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre («BOE» núm. 268, de 5 de noviembre).

Véanse los artículos 159.3 de la Constitución Española; 204 del Reglamento del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 24 de febrero de 1982 («BOE» núm. 55, de 5 de marzo); 184, 185 y 186 del Reglamento del Senado, aprobado el día 3 de mayo de 1994 («BOE» núm. 114, de 13 de mayo), conforme a la nueva redacción dada por las Resoluciones de 14 de junio de 2000 («BOE» núm. 145, de 17 de junio) de la Presidencia del Senado y de 22 de noviembre de 2007 («BOE» núm. 284, de 27 de noviembre), y 107.2 y 127.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio («BOE» núm. 157, de 2 de julio; corrección de errores en «BOE» núm. 264, de 4 de noviembre), del Poder Judicial.

[19] Véase el artículo 159.2 de la Constitución.

[20] Ténganse en cuenta los artículos 127 y 159.4 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero («BOE» núm. 21, de 24 de enero), de incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, cuyo único artículo declara aplicable la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («BOE» núm. 4, de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que esta última ha sido objeto de diversas modificaciones.

Véase, asimismo, el artículo 6.1.c), de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, y los artículos 389 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

[21] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo),

[22] En el mismo sentido véase el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («BOE» núm. 83, de 6 de abril), por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas.

[23] Véase el artículo 159.5 de la Constitución (§ 1).

[24] Véase el artículo 10.1.l) de esta Ley Orgánica.

[25] Véase el artículo 57.1.2.º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

[26] Véase el artículo 161.1.a), de la Constitución.

[27] Véanse los artículos 95 de la Constitución Española, 78 de la presente Ley Orgánica, 157 del Reglamento del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 24 de febrero de 1982 («BOE» núm. 55, de 5 de marzo) y 147 y 187 del Reglamento del Senado, aprobado el día 3 de mayo de 1994 («BOE» núm. 114, de 13 de mayo), conforme a la nueva numeración dada por la Resolución de 14 de junio de 2000 («BOE» núm. 145, de 17 de junio).

[28] Véase el artículo 153.a), de la Constitución, y además ténganse en cuenta, al respecto, los siguientes preceptos:

– 38.1 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre («BOE» núm. 306, de 22 de diciembre), de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

– 13.3 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril («BOE» núm. 101, de 28 de abril), de Estatuto de Autonomía para Galicia.

– 115 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo («BOE» núm. 68, de 20 de marzo), de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

– 52 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1982), de Estatuto de Autonomía para Asturias.

– 39 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9, de 11 de diciembre de 1982), de Estatuto de Autonomía para Cantabria, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre).

– 30.1 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio («BOE» núm. 146, de 19 de junio), de Estatuto de Autonomía de La Rioja, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

– 53.1 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio («BOE» núm. 146, de 19 de junio), de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.

– 47 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril («BOE» núm. 86, de 11 de abril), de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

– 12.3 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto), de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

– 12.9 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto), de Estatuto de Autonomía de Canarias, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre).

– 37 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto; corrección de errores en «BOE» núm. 204, de 26 de agosto), de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

– 41 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero («BOE» núm. 25, de 29 de enero), de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

– 81 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero («BOE» núm. 52, de 1 de marzo; corrección de errores en «BOE» núm. 77, de 30 de marzo), de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

– 42 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero («BOE» núm. 51, de 1 de marzo), de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[29] Véanse los artículos 147.2.d), y 148 a 150 de la Constitución.

[30] Artículos 161.1.a) y 31 y siguientes de esta Ley Orgánica.

[31] Artículos 163 de la Constitución y 35 y siguientes de esta Ley Orgánica.

[32] Véase el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril («BOE» núm. 109, de 7 de mayo), del Defensor del Pueblo.

[33] Ténganse en cuenta al respecto los siguientes preceptos:

– 162.1.a), de la Constitución.

– 28.c), de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre («BOE» núm. 306, de 22 de diciembre), de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

– 61.e) y 76.3 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio («BOE» núm. 172, de 20 de julio), de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

– 10.1.g), y 19 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril («BOE» núm. 101, de 28 de abril), de Estatuto de Autonomía para Galicia.

– 106.16.º y 119.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo («BOE» núm. 68, de 20 de marzo), de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

– 24.11 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1982), de Estatuto de Autonomía para Asturias.

– 9.11 y 21 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9, de 11 de diciembre de 1982), de Estatuto de Autonomía para Cantabria, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre).

– 19.j), y 24.1.b), de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio («BOE» núm. 146, de 19 de junio), de Estatuto de Autonomía de La Rioja, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

– 23.11 y 32.1 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio («BOE» núm. 146, de 19 de junio), de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio («BOE» núm. 143, de 16 de junio).

– 22.h), y 32 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril («BOE» núm. 86, de 11 de abril), de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

– 41.j), y 57 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril («BOE» núm. 97, de 23 de abril), de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

– 9.2.i), y 18 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto), de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

– 13.f), y 15.4 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto), de Estatuto de Autonomía de Canarias, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre).

– 36 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto; corrección de errores en «BOE» núm. 204, de 26 de agosto), de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

– 16.2.n), y 44.3 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero («BOE» núm. 25, de 29 de enero), de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

– 50.4 y 59 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero («BOE» núm. 52, de 1 de marzo; corrección en «BOE» núm. 77, de 30 de marzo), de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

– 16.3.g), y 41 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero («BOE» núm. 51, de 1 de marzo), de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

– 15.7 y 20.2 de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero («BOE» núm. 52, de 2 de marzo), de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero («BOE» núm. 8, de 9 de enero).

[34] Los apartados 2 y 3 de este artículo fueron añadidos por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero («BOE» núm. 8, de 10 de enero).

Véase el artículo 54.2 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio («BOE» núm. 188, de 7 de agosto).

[35] Véase el artículo 55 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio («BOE» núm. 188, de 7 de agosto).

[36] Véase el artículo 5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio («BOE» núm. 157, de 2 de julio; corrección de errores en «BOE» núm. 264, de 4 de noviembre), del Poder Judicial.

[37] Sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional, ténganse en cuenta los artículos 12, 19 y 35 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1982), por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con las modificaciones introducidas por las Leyes 10/1995, de 24 de abril («BOE» núm. 98, de 25 de abril) y 24/2007, de 9 de octubre («BOE» núm. 243, de 10 de octubre).

[38] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

[39] Apartado añadido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

[40] Véase el artículo 163 de la Constitución.

[41] Apartado añadido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), pasando el antiguo apartado 2 a ser el actual 3.

[42] Véase el artículo 55 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio («BOE» núm. 188, de 7 de agosto), por el que se aprobó el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[43] Véase el artículo 164 de la Constitución Española.

[44] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril).

[45] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

Véanse los artículos 1.6 del Código Civil y 5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

[46] Ténganse en cuenta los artículos 53.2, 161.1.b) y 162.1.b) de la Constitución; 6 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo («BOE» núm. 74, de 27 de marzo), reguladora de la iniciativa legislativa popular, y el artículo 49.3 y 4 y 114.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio («BOE» núm. 147, de 20 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 17, de 20 de enero de 1986), del Régimen Electoral General.

Véanse los Acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de junio de 1996, sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional y de 20 de enero de 2000 por el que se aprueban normas sobre tramitación de amparo a que se refiere la Ley de Régimen Electoral General, que figuran como parágrafos 7 y 8.

[47] Artículo 53.2 de la Constitución española.

[48] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

[49] Véase el artículo 2 del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de junio de 1996, sobre asistencia jurídica gratuita (§ 7).

[50] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[51] Véase el artículo 2 del Acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional (§ 4).

[52] Véanse los artículos 3 y siguientes del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de junio de 1996 (§ 7)

[53] Véanse, en el parágrafo 7 de esta obra, los artículos 3 y siguientes del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de junio de 1996.

[54] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

Véase el artículo 114.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, según la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo («BOE» núm. 63, de 14 de marzo).

Téngase presente el artículo 2 del Acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional (§ 4).

[55] Artículo derogado por la Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre («BOE» núm. 311, de 28 de diciembre).

[56] Véanse los artículos 124.1 y 162.1.b), de la Constitución, 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal modificado por Ley 24/2007, de 9 de octubre («BOE» núm. 243, de 10 de octubre).

[57] Véase el artículo 124.1 de la Constitución.

[58] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

[59] Los apartados 1 y 4 de este artículo figuran redactados de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

[60] Los apartados 2 y 3 de este artículo figuran redactados de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[61] Números 2 y 3 redactados de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

[62] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[63] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

Véase el artículo 164 de la Constitución.

[64] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

[65] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

Véase el artículo 124.1 de la Constitución.

[66] Véase el artículo 56.2 del Real Decreto 997/2003 («BOE» núm. 188, de 7 de agosto).

[67] Véase el artículo 161.1.c) y d), de la Constitución y los artículos de los Estatutos de Autonomía que se relacionan en nota al artículo 32.2 de la presente Ley Orgánica.

[68] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril).

[69] Véase el artículo 57.3 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[70] Véase el artículo 57.3 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[71] Artículo 164 de la Constitución Española.

[72] Véanse los artículos 147.2.d), y 150.2 de la Constitución.

[73] Véase el artículo 57.3 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

[74] En la actualidad, artículo 59.1.c), conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril).

[75] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

[76] Véase el artículo 57.5 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[77] Artículo 164 de la Constitución Española.

[78] Capítulo añadido por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril).

Véanse los artículos 63.3 y 119 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

[79] Véase el artículo 57.5 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

[80] Artículo 164 de la Constitución Española .

[81] Artículo 161.2 de la Constitución.

[82] Epígrafe redactado conforme a la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio («BOE» núm. 137, de 8 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 143, de 15 de junio) que deroga el capítulo II del presente Título, que comprendía el artículo 79, regulador del recurso previo de inconstitucionalidad.

Véanse los artículos 95.2 de la Constitución, 157 del Reglamento del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 24 de febrero de 1982 («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), y 147 y 187 del Reglamento del Senado, aprobado el día 3 de mayo de 1994 («BOE» núm. 114, de 13 de mayo), conforme a la nueva numeración dada por la Resolución de 14 de junio de 2000 («BOE» núm. 145, de 17 de junio de 2000), de la Presidencia del Senado.

[83] Véase el artículo 58 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[84] Derogado por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio («BOE» núm. 137, de 8 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 143, de 15 de junio).

[85] Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio («BOE» núm. 157, de 2 de julio; corrección de errores en «BOE» núm. 264, de 4 de noviembre).

[86] Ley 1/2000, de 7 de enero.

[87] Véanse los Acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional que figuran como parágrafos 4, 5, 7 y 8 de esta obra.

[88] Por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre («BOE» núm. 305, de 21 de diciembre), se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de España, modificado por Reales Decretos 1373/2003, de 7 de noviembre («BOE» núm. 278, de 20 de noviembre), y 351/2006, de 24 de marzo («BOE» núm. 87, de 12 de abril). Téngase presente que diversas sentencias del Tribunal Supremo declaran la nulidad de determinados de sus preceptos.

Por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio («BOE» núm. 164, de 10 de julio) se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo y 3 de julio de 2003 declaran la nulidad de los artículos 24.1 y 63.1.f), respectivamente.

[89] Artículo 11 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.

[90] Véanse los artículos 50 a 60 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[91] Artículo 59.1 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio («BOE» núm. 188, de 7 de agosto), por el que se aprobó el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[92] Apartados 2 y 3 redactados conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[93] Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio («BOE» núm. 140, de 11 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 143, de 15 de junio)

[94] Véanse los artículos 164 de la Constitución Española, 3.1.c), y 7, último párrafo, del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero («BOE» núm. 37, de 12 de febrero), de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado».

[95] Los apartados 2 y 3 figuran redactados de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[96] Número redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[97] Véase el artículo 11.1 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional (§ 3).

[98] Apartado 2 redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[99] Párrafo segundo añadido por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

[100] Véase el artículo 59.3 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio («BOE» núm. 188, de 7 de agosto).

[101] Véanse los artículos 14, 24 y 119 de la Constitución y el Acuerdo de 18 de junio de 1996, del Pleno del Tribunal Constitucional (§ 7).

[102] Véase el artículo 59.4 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

[103] Los apartados 2 y 3 de este artículo figuran redactados conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[104] Véanse los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, que figura como parágrafo 3.

[105] Dicho Reglamento figura como parágrafo 3.

[106] Los apartados 2 y 3 de este artículo figuran redactados conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

Véase la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero («BOE» núm. 21, de 24 de enero), de incompatibilidad del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, cuyo único artículo declara aplicable la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («BOE» núm. 4, de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que esta última ha sido objeto de diversas modificaciones,

[107] Artículos 65 y siguientes del Reglamento de Organización y Personal (§ 3).

[108] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[109] Redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

Véanse los artículos 2.d), 24 y 91 del Reglamento de Organización y Personal (§ 3).

[110] Véase el artículo 25 del Reglamento de Organización y Personal (§ 3).

[111] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

Véase el artículo 19 del Reglamento de 5 de julio de 1990, de Organización y Personal (§ 3).

[112] Redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo), de modificación de la presente Ley Orgánica.

Véanse los artículos 45 y 55 del Reglamento de Organización y Personal (§ 3).

[113] Véanse los artículos 45 del Reglamento de Organización y Personal (§ 3), y 452 a 462 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

[114] Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

Véanse los artículos 46 a 51, 55 a 59, 63, 64 y 92 y siguientes del Reglamento de Organización y Personal (§ 3).

[115] De conformidad con el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 1980 («BOE» núm. 168, de 14 de julio) el Tribunal Constitucional comenzó a ejercer sus funciones el día 15 de julio de 1980.

[116] Téngase en cuenta que los artículos 6 a 10, que constituyen la mencionada sección segunda, han sido derogados por la Ley 29/1998, de 13 de julio («BOE» núm. 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

[117] Disposición redactada conforme a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[118] Disposición añadida por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril)

[119] Añadida por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril («BOE» núm. 96, de 22 de abril).

[120] Añadida por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero («BOE» núm. 45, de 20 de febrero).

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO [1]

§ 3 ACUERDO DE 5 DE JULIO DE 1990, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(«BOE» núm. 185, de 3 de agosto de 1990; corrección de errores en «BOE» núm. 260, de 30 de octubre)

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.j), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha aprobado el siguiente Reglamento:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reglamento de Organización y Personal

El Tribunal Constitucional, en su reunión plenaria del día 5 de julio de 1990 y en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2, párrafo segundo, en relación con el apartado j) del artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha aprobado el siguiente Reglamento:

TÍTULO PRIMERO

Organización y funcionamiento del Tribunal en materia gubernativa

CAPÍTULO PRIMERO

De la organización, competencia y funcionamiento

Artículo 1. Las funciones de gobierno y administración del Tribunal Constitucional corresponden, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Pleno, al Presidente, a la Junta de Gobierno y al Secretario general.

Sección 1.ª Del Pleno gubernativo

Art. 2. Además de las competencias establecidas en la Ley Orgánica, corresponden al Pleno del Tribunal las siguientes [2]:

a) Establecer la plantilla del personal y proponer a las Cortes Generales su modificación a través de la Ley de Presupuestos.

b) Aprobar la relación de puestos de trabajo en el Tribunal Constitucional [3].

c) Aprobar la jornada y el horario de trabajo del personal.

d) Elegir y remover al Secretario general y, en su caso, al Secretario general adjunto.

e) Aprobar las bases de la convocatoria de los concursos-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados [4].

f) La designación de quienes, en régimen de adscripción temporal, hayan de incorporarse como letrados al Tribunal.

g) Resolver sobre las incompatibilidades a que se refiere el artículo 96.3 de la Ley Orgánica del Tribunal.

h) Acordar la separación o el cese de los letrados en los casos reglamentariamente establecidos.

i) Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal para su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado y proponer o aprobar, según proceda, las modificaciones que resulte oportuno introducir en dicho presupuesto, siempre que las mismas no correspondan, según la legislación aplicable, al Presidente del Tribunal.

j) Establecer las directrices para la ejecución del presupuesto y fijar los límites dentro de los cuales las autorizaciones de gasto deberán ser puestas previamente en conocimiento del Pleno o, en su caso, de la Junta de Gobierno.

k) Fiscalizar el cumplimiento de las directrices para la ejecución del presupuesto y conocer de su liquidación, formulada por el Secretario general [5].

l) Decidir las cuestiones que afecten a los Magistrados no atribuidas al Presidente.

m) Designar al Interventor al servicio del Tribunal, acordar libremente su cese y resolver, a propuesta del Presidente, las discrepancias que surjan entre el Secretario general y el Interventor.

n) Cuantas otras competencias atribuyan al Pleno este Reglamento y las demás normas reglamentarias que adopte el Tribunal.

Art. 3. A propuesta del Presidente, el Pleno del Tribunal podrá deliberar y, en su caso, pronunciarse sobre cualesquiera otros asuntos que afecten a la organización y administración del Tribunal, siempre que los mismos no sean de la competencia de la Junta de Gobierno.

Art. 4. El Presidente convocará el Pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres Magistrados.

Art. 5. La convocatoria del Pleno se hará con tres días de antelación, salvo que, a juicio del Presidente, la urgencia del caso no permita cumplir ese plazo. A la convocatoria se acompañará el orden del día y los antecedentes que fuesen precisos para la deliberación, salvo que por la índole de los asuntos a tratar no resulte ello aconsejable.

Art. 6. El Tribunal en Pleno quedará válidamente constituido, aunque no hubieren precedido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos los Magistrados y así lo acuerden por unanimidad. En los mismos términos se podrá anticipar una reunión del Pleno previamente convocada.

Art. 7. El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan [6].

Art. 8. El Secretario general, cuando así lo disponga el Presidente, asistirá, con voz y sin voto, a las sesiones del Pleno gubernativo, desempeñando entonces las funciones de Secretario del Pleno. En los demás casos actuará como Secretario el Magistrado que para cada sesión designe el propio Pleno.

Art. 9. Cuando algún Magistrado pida que se suspenda la deliberación para el mejor estudio de la cuestión objeto de debate y el Presidente, o un tercio, al menos, de los presentes consideren justificada la petición, se aplazará la decisión para otra reunión siempre que la urgencia del asunto lo permitiera. Si se suscitara discrepancia sobre este extremo, resolverá el Presidente.

Art. 10. 1. Concluida la deliberación de cada asunto, el Presidente lo someterá a la decisión del Pleno. Si hubiere lugar a votación individual, la misma comenzará por el Magistrado más moderno y seguirá por orden de menor antigüedad y, en caso de igual antigüedad, por orden inverso de edad.

2. El Vicepresidente y el Presidente votarán, por este orden, en último lugar.

Art. 11. 1. Salvo en los casos en que la Ley Orgánica del Tribunal o este Reglamento exijan una mayoría cualificada, las decisiones se adoptarán por mayoría de los Magistrados que asistan a la reunión. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente [7].

2. Los acuerdos del Pleno serán inmediatamente ejecutivos, salvo que en la sesión en que se adopten se disponga otra cosa.

Art. 12. 1. Cuando el asunto lo requiera, el Pleno podrá encomendar a uno o varios Magistrados la redacción de un proyecto de acuerdo ajustado al sentido de lo resuelto, del que se dará cuenta, para su aprobación definitiva, en otra sesión.

2. También podrá el Pleno constituir Comisiones o designar Comisionados, con el alcance que en cada caso determine. Periódicamente se informará al Pleno del desarrollo y cumplimiento de las funciones así encomendadas.

Art. 13. 1. El Secretario del Pleno redactará las actas, en las que se hará mención de todos los acuerdos, anotándose al margen los nombres y apellidos de los Magistrados presentes. Las actas serán leídas y sometidas a aprobación al término de cada sesión o en la sesión inmediata, sin perjuicio, en este último caso, de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 11. Se autorizarán con la firma del Secretario del Pleno y el visto bueno del Presidente.

2. El Secretario general del Tribunal custodiará las actas y extenderá las certificaciones correspondientes.

Sección 2.ª De la Presidencia

Art. 14. Además de las competencias establecidas en la Ley Orgánica [8], corresponden al Presidente del Tribunal Constitucional las siguientes:

a) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones del Pleno y de la Junta de Gobierno, dirigir sus deliberaciones y ejecutar los acuerdos que adopten.

b) Convocar concurso-oposición para cubrir plazas del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional.

c) Acordar la convocatoria pública para proveer el puesto de Gerente, proceder al nombramiento del propuesto y disponer, previo acuerdo del Pleno, el cese y reincorporación a su Administración de procedencia de quien hubiese sido designado según lo dispuesto en el artículo 54 [9].

Asimismo le corresponde acordar la convocatoria pública para proveer los restantes puestos que debían ser cubiertos por el procedimiento de libre designación, proceder al nombramiento de los propuestos y disponer, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, el cese y reincorporación a su Administración de procedencia de quienes hubiesen sido designados por dicho procedimiento [10].

d) Nombrar a los Letrados que, a propuesta del Tribunal calificador, hayan de integrarse en dicho Cuerpo o, a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional, deban incorporarse al mismo en régimen de adscripción temporal.

e) Nombrar, previa elección por el Pleno, al Secretario general y, en su caso, al Secretario general adjunto.

f) Nombrar al Interventor al servicio del Tribunal y disponer su cese, de conformidad, todo ello, con los acuerdos del Pleno.

g) Convocar los concursos para proveer las plazas de funcionarios y de personal laboral e instar la concesión de comisiones de servicios para cubrir, cuando proceda, plazas de funcionarios de carrera.

h) Nombrar a los funcionarios adscritos y al personal eventual, disponer su cese y autorizar la contratación de personal en régimen laboral [11].

i) Autorizar la compatibilidad en el ejercicio de actividades ajenas al servicio del Tribunal por parte de los miembros del mismo [12].

j) Promover y, en su caso, ejercer la potestad disciplinaria.

k) Ejercer las funciones de órgano de contratación [13].

Art. 15. Corresponde también al Presidente del Tribunal:

a) Ejercer la superior autoridad sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que presten servicio en la sede del Tribunal.

b) Disponer lo procedente sobre el acceso a la sede del Tribunal y permanencia en ella de cualquier persona.

c) Impartir las directrices y órdenes necesarias para el funcionamiento del servicio de seguridad del Tribunal.

d) Impartir las directrices y órdenes pertinentes para el funcionamiento del parque de vehículos del Tribunal, sin perjuicio de la dependencia de los conductores de la autoridad a cuyo servicio se dispone el vehículo y de la que corresponda al Parque Móvil del Estado [14].

Art. 16. 1. El Presidente podrá delegar el ejercicio de las competencias que no impliquen una relación con el Pleno en los siguientes supuestos:

a) En el Vicepresidente, las relativas al personal, salvo la contratación laboral.

b) En el Secretario general, las funciones que le correspondan como órgano de contratación [15].

En ningún caso podrá ser objeto de delegación el ejercicio de competencias que afecten a las relaciones del Tribunal con otros órganos constitucionales del Estado.

2. En los supuestos establecidos en el número anterior, el Pleno podrá acordar la desconcentración de las competencias del Presidente.

Art. 17. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente y, si se hallare éste impedido por alguna de tales causas, por el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, por el de mayor edad.

Art. 18. 1. La Presidencia estará asistida por un Gabinete cuyo Jefe será nombrado libremente por el Presidente. El Jefe del Gabinete tendrá el carácter de funcionario eventual, con el mismo rango y retribuciones que los letrados.

2. Corresponden al Jefe del Gabinete de la Presidencia las siguientes funciones:

a) Dirigir la Secretaría particular del Presidente.

b) Organizar y custodiar los archivos de la Presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento sobre el Archivo General.

c) Recopilar y procesar la información de carácter general que se considere de interés para uso de los miembros del Tribunal.

d) Atender las relaciones del Tribunal con los medios de comunicación, disponer lo que corresponda cuando se recabe información sobre las funciones y actos del Tribunal y mantener actualizado, en relación con ello, el portal institucional del Tribunal.

e) Impartir las instrucciones oportunas en orden al protocolo y cuidar de la organización de cuantos actos y visitas de carácter institucional tengan lugar en la sede del Tribunal.

f) Cualesquiera otras tareas específicas que le sean encomendadas por el Presidente [16].

Art. 19. Los recursos a los que se refiere el artículo 99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, serán informados por el letrado que el Presidente designe. La interposición, tramitación y resolución del recurso se ordenará según lo dispuesto para el recurso de alzada en el Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [17].

Sección 3.ª De la Junta de Gobierno

Art. 20. 1. La Junta de Gobierno estará compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, dos Magistrados y el Secretario general, que actuará como Secretario y asistirá a sus reuniones con voz y sin voto.

2. Los Magistrados serán designados por el Pleno, uno de cada Sala, y se renovarán cada año [18].

Art. 21. La Junta de Gobierno tiene las competencias siguientes:

a) Aprobar las bases de los concursos y de las convocatorias de puestos de libre designación para la incorporación de personal, funcionario o laboral, al servicio del Tribunal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.º, e) de este Reglamento.

b) Determinar la composición de las comisiones de valoración que hayan de proponer la resolución de los concursos a que se refiere el apartado anterior.

c) Ser informada, cuando así lo disponga el Presidente, del estado de la ejecución del presupuesto del Tribunal.

d) Conocer, con carácter previo a su autorización, los expedientes de gasto de importe superior a la cuantía que determine el Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 j) de este Reglamento.

e) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por este Reglamento o, a propuesta del Presidente, por el Pleno del Tribunal [19].

Art. 22. 1. La Junta de Gobierno se reunirá cuando la convoque el Presidente o lo pida alguno de sus miembros, con expresión del tema de deliberación.

2. Sus reuniones y acuerdos se regirán por lo dispuesto en las normas establecidas para el Tribunal en Pleno, en cuanto sean de aplicación.

Art. 23. Los temas objeto de deliberación y los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno se comunicarán a todos los Magistrados.

Sección 4.ª De la Secretaría General

Art. 24. El Secretario general será elegido por el Pleno del Tribunal de entre quienes pertenezcan al Cuerpo de Letrados [20]. El nombramiento se hará por tres años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.d), de este Reglamento [21].

Art. 25. 1. Bajo la autoridad e instrucciones del Presidente, corresponde al Secretario general [22]:

a) Ejercer como Letrado mayor la jefatura de los letrados del Tribunal, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Vicepresidente, al Pleno y a las Salas.

b) El apoyo al Presidente para la programación jurisdiccional de acuerdo con las directrices que, en su caso, pueda establecer el Pleno, y la distribución, coordinación superior y ordenación general, en el marco de dicha programación, del trabajo de los letrados sobre asuntos jurisdiccionales, o cualesquiera otros de carácter jurídico-constitucional, sin perjuicio de lo que corresponde a los Magistrados ponentes y de lo previsto en el artículo 62.2.a) de este Reglamento.

c) La dirección y coordinación de los servicios del Tribunal, sin perjuicio de la responsabilidad directa de quienes ostenten la jefatura de cada servicio y unidad [23].

d) La jefatura superior y el régimen disciplinario del personal al servicio del Tribunal, ejerciendo las competencias no atribuidas al Pleno o al Presidente.

e) Proponer las bases de los procedimientos de cobertura de plazas a que se refiere el artículo 21.a) de este Reglamento [24].

f) Resolver sobre las peticiones de autorización para el ejercicio de funciones docentes o de investigación, cuando las mismas no hubieran de prolongarse durante más de diez días.

g) La administración de los créditos para gastos del Presupuesto del Tribunal.

h) La autorización del gasto.

i) La ordenación de los pagos [25].

j) La recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.2.a) de este Reglamento.

2. El Secretario general podrá dictar instrucciones de régimen interior en materia de su competencia.

3. El Secretario general deberá consultar o comunicar al Presidente los acuerdos relativos a aquellas materias previamente fijadas por el Presidente.

4. El Presidente, a propuesta del Secretario general, podrá designar, de acuerdo con el Pleno, uno o varios letrados adscritos a la Secretaría general [26].

Art. 26. 1. El Pleno podrá elegir entre los Letrados del Tribunal un Secretario general adjunto a quien corresponderá:

a) La sustitución del Secretario general en casos de vacante, ausencia o enfermedad. De no ser ello posible, esta sustitución recaerá en el Letrado que designe el Presidente.

b) La distribución, coordinación y ordenación general del trabajo de los letrados en el trámite de admisión de los asuntos de nuevo ingreso, por delegación del Secretario General y de acuerdo con el Presidente y con el Pleno, sin perjuicio de lo que corresponde a los Magistrados ponentes.

c) El ejercicio por delegación de determinadas competencias de la Secretaría General, excluidas las definidas en los apartados a), b), d), en lo relativo al régimen disciplinario, y f) del número 1 del artículo anterior. El acuerdo de delegación del Secretario general requerirá autorización previa del Presidente [27].

d) Cualesquiera otras funciones de apoyo o informe que se le asignaren por el Presidente, el Secretario General, y en su caso, por decisión del Pleno.

2. El Secretario general adjunto tendrá las retribuciones del Secretario general y podrá estar asistido, para el desarrollo de las funciones a que se refiere este artículo, por uno o varios letrados coordinadores nombrados por el Presidente de acuerdo con el Pleno [28].

Subsección 1.ª De los servicios y unidades

Servicio de Gerencia

Art. 27. 1. Sin perjuicio de las atribuciones y competencias asignadas a los diversos órganos de gobierno del Tribunal, corresponde a la Gerencia el desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión económica y contable, la habilitación de personal y de material, la gestión del personal, la conservación y mantenimiento de las instalaciones y la jefatura inmediata del Archivo General y de aquellos otros servicios de carácter general que no se haya asignado a otras unidades o servicios del Tribunal [29].

2. El Gerente auxiliará al Secretario general en el ejercicio de sus competencias de carácter financiero, económico y de personal. Será de su responsabilidad la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes, salvo los de carácter disciplinario que afecten al propio Servicio, y realizará los actos de gestión o de ejecución que se le encomienden por el Presidente o por el Secretario general [30].

Art. 28. [.......] [31].

Art. 29. 1. El Gerente tendrá el rango, las retribuciones y, en lo que le sea aplicable, el régimen jurídico de los Letrados del Tribunal [32].

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Pleno del Tribunal designará para la sustitución temporal del Gerente a un Letrado del Tribunal.

Registro General y Archivo General [33]

Art. 30. Todos los escritos dirigidos al Tribunal Constitucional o que de él emanen se cursarán a través del Registro General, que dependerá del Secretario de Justicia del Pleno. Su distribución interna se ordenará conforme a las siguientes reglas:

a) Los escritos que se refieran a asuntos jurisdiccionales se remitirán a la Secretaría de Justicia que corresponda.

b) Los demás escritos, cuando no hayan de ser despachados directamente por el propio Registro, se remitirán al servicio o unidad que corresponda [34].

Art. 31. 1. Toda la documentación reunida, generada o conservada por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus competencias y actividades forma parte del Archivo del Tribunal Constitucional y constituye su patrimonio documental. La organización y funcionamiento de los archivos del Tribunal Constitucional se rigen por las normas que se establezcan al efecto.

2. Sin perjuicio de su integración en el Archivo General del Tribunal, el archivo de la documentación relativa a actuaciones jurisdiccionales se realizará con arreglo a las indicaciones que corresponden, en el ejercicio de sus funciones, a los secretarios de justicia [35].

Art. 32. [.......] [36].

Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación [37]

Art. 33. 1. La Jefatura del Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación corresponderá a un Letrado, designado por el Presidente.

2. Corresponde al Servicio la programación y elaboración de cuantos trabajos en materia doctrinal, jurisprudencial y legislativa se estimen necesarios, la prestación del servicio de documentación y la gestión de la Biblioteca del Tribunal.

3. Corresponde también al Servicio elaborar y ejecutar los planes de publicaciones del Tribunal [38].

Servicio de Doctrina Constitucional [39]

Art. 34. 1. La Jefatura del Servicio de Doctrina Constitucional corresponderá a un Letrado, designado por el Presidente.

2. Corresponde al Servicio:

a) La planificación y gestión de la publicación y edición, por cualesquiera medios, de las resoluciones jurisdiccionales y de la doctrina constitucional del Tribunal.

b) La estadística jurisdiccional [40].

Servicio de Informática [41]

Art. 34 bis. 1. La Jefatura del Servicio de Informática corresponderá a un Letrado, designado por el Presidente.

2. Corresponde al Servicio:

a) La organización y gestión del sistema informático, así como la preservación de la seguridad del mismo y de sus comunicaciones.

b) La prestación de apoyo técnico a los usuarios.

3. [.......] [42].

Subsección 2.ª Estructura interna de los servicios [43]

Art. 35. La estructura interna de los Servicios del Tribunal y la determinación de los puestos de trabajo asignados a los mismos será la resultante de la relación de puestos de trabajo del Tribunal, correspondiendo a los jefes de los respectivos Servicios la distribución de funciones y cometidos en los mismos, con arreglo a las previsiones de dicha relación [44].

Art. 36. [.......] [45].

Art. 37. [.......] [46].

Art. 38. [.......] [47].

CAPÍTULO II

De la Intervención

Art. 39. 1. El Interventor al servicio del Tribunal Constitucional intervendrá las propuestas de contenido económico sobre las que haya de resolver el Secretario general, prestando su conformidad u oponiendo por escrito el reparo que fuese procedente. Sólo podrá plantear discrepancia ante el Secretario general y, cuando disintiere de los actos de otros órganos o autoridades del Tribunal, se limitará a poner de manifiesto sus reparos de legalidad.

2. Corresponde también al Interventor asesorar en materia presupuestaria al Tribunal Constitucional.

3. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad el Interventor será sustituido por el letrado que el Presidente designe [48].

CAPÍTULO III

De las precedencias y de los Magistrados eméritos

Art. 40. El orden interno de precedencias en el Tribunal Constitucional será el de Presidente, Vicepresidente y Magistrados por orden de antigüedad, y, en caso de igual antigüedad, de mayor edad.

Art. 41. En los actos públicos no jurisdiccionales que se celebren en el Tribunal Constitucional se observará el orden de precedencias establecido con carácter general en el Estado [49], así como lo prevenido en el artículo 40 de este Reglamento. Los Presidentes eméritos del Tribunal se situarán a continuación del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y los Magistrados eméritos a continuación de los Ministros.

Art. 42. Los Presidentes, Vicepresidentes y Magistrados eméritos del Tribunal Constitucional tendrán las prerrogativas que acuerde el Pleno del propio Tribunal y, en todo caso, las siguientes:

a) Ocupar lugar preferente en los actos solemnes y vistas de carácter jurisdiccional que se celebren en el Tribunal Constitucional.

b) Acceder libremente a la sede del Tribunal y utilizar, en modo acorde con su dignidad, sus instalaciones y servicios.

c) Recibir las publicaciones del Tribunal Constitucional.

TÍTULO II

Disposiciones comunes en materia de personal

CAPÍTULO PRIMERO

De las distintas clases de personal

Art. 43. 1. El personal al servicio del Tribunal Constitucional puede serlo con el carácter de funcionario, de eventual o de personal laboral.

2. A excepción de los Letrados que accedan al Cuerpo creado por el artículo 97.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los funcionarios de carrera al servicio del Tribunal Constitucional serán funcionarios de carrera de la Administración de Justicia y de las Administraciones Públicas, adscritos al mismo en la forma establecida por este Reglamento, salvo cuando pasen a depender del Tribunal en comisión de servicios [50].

Art. 44. 1. Los Letrados son funcionarios de carrera del Tribunal Constitucional. Se integrarán en un Cuerpo único los que hayan sido seleccionados mediante concurso-oposición, conforme a lo establecido en este Reglamento. También podrán ser adscritos temporalmente al Tribunal, en calidad de Letrados, de acuerdo con las normas de este Reglamento, funcionarios de las Carreras Judicial y Fiscal y otros funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos o Escalas para ingresar en los cuales se exija la licenciatura en Derecho.

2. Los Letrados del Tribunal Constitucional, tanto de carrera como de adscripción temporal, desempeñarán las funciones de estudio, informe o asesoramiento que se les encomienden en las materias de las que conoce el Tribunal. Realizarán también, en su caso, las funciones administrativas de nivel superior que les puedan ser atribuidas, de no asignarse éstas a otros funcionarios al servicio del Tribunal que reúnan la cualificación necesaria [51].

3. Los letrados quedarán en su carrera o cuerpo de origen en situación de servicios especiales por todo el tiempo en que presten sus servicios en el Tribunal Constitucional [52].

Art. 45. 1. Los secretarios de justicia, procedentes del Cuerpo de secretarios judiciales, son funcionarios de carrera adscritos al Tribunal Constitucional que ejercen, respecto de las atribuciones jurisdiccionales del mismo, la fe pública judicial y demás funciones que la legislación orgánica y procesal de los Juzgados y Tribunales atribuyen a los Secretarios. Para ser adscritos al Tribunal Constitucional deberán contar con los requisitos exigidos para ocupar plaza en el Tribunal Supremo, de acuerdo con la legislación aplicable [53].

2. Los secretarios de justicia adscritos al Tribunal Constitucional quedarán en su Cuerpo de procedencia en la situación administrativa de servicios especiales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [54].

Art. 46. 1. Podrán prestar servicio en el Tribunal Constitucional otros funcionarios de carrera adscritos al mismo, en la forma que se determina en este Reglamento, procedentes de los Cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial o de los Cuerpos o Escalas de las Administraciones Públicas [55].

2. Los funcionarios mencionados en este artículo desempeñarán las tareas que se les asignen en el Tribunal Constitucional, de conformidad con su nivel de titulación y en analogía con las que correspondan a los funcionarios de su Cuerpo o Escala de procedencia.

3. Los funcionarios adscritos que pasen a prestar servicio en el Tribunal quedarán en la situación administrativa que corresponda en sus Cuerpos o Escalas de procedencia [56].

Art. 47. 1. Podrá nombrarse personal eventual al servicio del Tribunal Constitucional para el ejercicio no permanente de funciones de confianza o asesoramiento especial de acuerdo con la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional.

2. El personal eventual a que se refiere el apartado anterior podrá tener o no la condición de funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas [57].

Art. 48. [.......] [58].

Art. 49. Podrá contratarse personal en régimen laboral para el desempeño de puestos que no impliquen participación directa ni indirecta en el ejercicio de las atribuciones del Tribunal y cuyas funciones sean propias de oficios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrativo. Además de por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el presente Reglamento y en las demás normas y resoluciones del propio Tribunal, este personal se regirá por la legislación laboral y, en lo que proceda, por lo dispuesto en las normas convencionales aplicables [59].

Art. 50. [.......] [60].

Art. 51. El personal al que se refieren los artículos anteriores se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el presente Reglamento y en las demás normas y resoluciones dictadas por los órganos de gobierno del propio Tribunal. Tendrán el carácter de normas supletorias, en lo que sean aplicables, las contenidas en la legislación vigente para el personal al servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, en la legislación en materia de función pública [61].

CAPÍTULO II

De los modos de incorporación del personal

Art. 52. 1. La incorporación al Tribunal Constitucional de funcionarios de carrera y de personal en régimen laboral se realizará mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de concurso, concurso-oposición o libre designación, y por nombramiento libre la de los funcionarios eventuales.

2. En los casos establecidos en este Reglamento podrá también incorporarse personal en régimen de adscripción temporal [62].

Art. 53. 1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados se efectuará por medio de concurso-oposición que se ajustará a las normas establecidas en el presente Reglamento [63].

2. Las plazas de letrado se proveerán también en régimen de adscripción temporal, conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de este Reglamento y de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados.

3. La designación de letrados de adscripción temporal se acordará libremente por el Pleno del Tribunal, a propuesta de tres Magistrados, por mayoría absoluta.

La adscripción se hará por tres años y podrá ser renovada, antes de su vencimiento, por periodos iguales mediante la propuesta y por la mayoría requeridas en el párrafo anterior. No obstante, la segunda renovación requerirá ser aprobada por una mayoría de tres cuartos del Pleno y las siguientes por unanimidad.

4. Los letrados adscritos temporalmente, mientras presten sus servicios al Tribunal, tendrán los derechos y deberes propios de los miembros del Cuerpo, en todo aquello que sea compatible con la eventualidad de sus funciones.

5. El cese de los letrados de adscripción temporal, además de por voluntad propia, se acordará en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) En cualquier momento, por acuerdo del Pleno a propuesta del Presidente.

b) Por vencimiento del periodo trienal de adscripción.

c) Por jubilación o pérdida, en su caso, de la condición de funcionario [64].

Art. 54. El Gerente del Tribunal será nombrado por el Presidente, a propuesta de la Junta de Gobierno, por el procedimiento de libre designación, entre funcionarios del grupo A de las Administraciones Públicas [65].

Art. 55. 1. La adscripción al Tribunal de los funcionarios de carrera procedentes de la Administración de Justicia o de la Administración Pública se llevará a cabo mediante concurso convocado por la Presidencia del Tribunal, de conformidad con lo previsto en este Reglamento.

2. [.......]

3. La adscripción al Tribunal podrá ser para desempeñar una plaza genérica de la categoría funcionarial de que se trate o para ocupar un puesto de trabajo determinado. En este último caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3 de este Reglamento, el Secretario general podrá, atendiendo a las necesidades de los servicios, asignar al funcionario adscrito a otro puesto de trabajo, aun cuando tenga señaladas retribuciones complementarias diferentes, de entre los que puedan ser cubiertos por el funcionario en razón a la Carrera, Cuerpo o Escala a la que pertenezca [66].

Art. 56. El nombramiento de los letrados, del Gerente y de los funcionarios adscritos corresponde al Presidente del Tribunal Constitucional [67].

Art. 57. La adscripción al Tribunal de los funcionarios de carrera podrá realizarse por el procedimiento de libre designación, cuando se trate de la cobertura de puestos en que así se prevea expresamente en la relación de puestos de trabajo [68].

Art. 58. 1. El Tribunal Constitucional podrá recabar del Ministerio o Administración competente que se confiera comisión de servicios de carácter temporal para que funcionarios de la Administración de Justicia o de la Administración Pública pasen a desempeñar una plaza de la plantilla del Tribunal.

2. [.......] [69].

3. La comisión de servicios no dará lugar a dietas y cesará por decisión de quien la confiere, adoptada por su propia iniciativa o a petición del Tribunal Constitucional.

Art. 59. 1. El Presidente, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá autorizar la contratación de personal en régimen laboral en los casos previstos en este Reglamento.

2. El personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones complementarias y de desarrollo y, en su caso, por el Convenio Colectivo que resulte aplicable.

CAPÍTULO III

Plantilla de personal, relación y provisión de puestos de trabajo

Art. 60. De conformidad con la disposición adicional primera, 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Tribunal establece la plantilla de su personal, que sólo podrá ser modificada a través de la Ley de Presupuestos.

Art. 61. 1. La relación de puestos de trabajo del Tribunal comprenderá, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo de todo el personal funcionario al servicio del mismo, así como los que también puedan ser desempeñados por personal eventual y laboral.

2. La relación de puestos de trabajo indicará, en todo caso, la denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño y las retribuciones complementarias correspondientes.

3. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de la relación de puestos de trabajo, que podrá ser modificada en cualquier momento por el Pleno del Tribunal, dentro de las previsiones de la plantilla de personal [70].

Art. 62. 1. Cuando los puestos de trabajo correspondientes a una determinada categoría de funcionarios o de personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional se relacionen conjuntamente, la asignación del funcionario o trabajador a un servicio, unidad o dependencia concreta, dentro del Tribunal Constitucional, se decidirá por el Secretario general [71], de acuerdo con las necesidades del servicio.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el número anterior la asignación a los letrados de tareas determinadas, que se decidirá en los términos siguientes:

a) Cada Magistrado podrá proponer al Pleno la designación, como colaboradores propios, de hasta un máximo de dos letrados de entre los que presten servicio al Tribunal Constitucional. Los designados se seguirán rigiendo por la normativa general aplicable a los letrados sin más singularidad que su dependencia funcional del Magistrado respectivo.

b) Corresponderá al Presidente asignar tareas determinadas, cuando así proceda, a cualquier letrado del Tribunal. En los demás casos, la distribución ordinaria de trabajo entre los letrados se llevará a cabo a través de la Secretaría General.

c) La atribución a los letrados de tareas administrativas de nivel superior se llevará a cabo según lo previsto, en cada caso, en las normas de este Reglamento.

3. [.......] [72].

Art. 63. 1. Sin perjuicio de su dependencia funcional del Pleno, de las Salas y de sus Presidentes, los Secretarios de Justicia dependerán directamente, a efectos administrativos, del Secretario general.

2. El personal que haya de ser adscrito a las Secretarías de Justicia, así como el resto del personal funcionario o laboral al servicio del Tribunal Constitucional, dependerá del Pleno, Sala o Presidente del Tribunal, de los letrados, secretarios de Justicia o Jefes del servicio o unidad a que estén adscritos, sin perjuicio de la jefatura superior del personal, que corresponde al Secretario general [73].

Art. 64. 1. En caso de vacante, licencia, ausencia u otra causa justificada, los funcionarios o contratados al servicio del Tribunal Constitucional serán sustituidos, mediante designación del Secretario general [74] y según el turno que, en su caso, establezca, por funcionarios o contratados de su misma categoría.

2. [.......] [75].

3. Los funcionarios eventuales podrán ser sustituidos, en los supuestos previstos en este artículo, por personal funcionario o laboral al servicio del Tribunal Constitucional que realice tareas análogas, mediante designación del Secretario general, aprobada por el Presidente y a propuesta del Magistrado, Letrado o Jefe del Servicio correspondiente.

TÍTULO III

De los Letrados [76]

CAPÍTULO PRIMERO

De la selección y nombramiento de los Letrados

Art. 65. La selección de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional se realizará mediante concurso-oposición, previa convocatoria que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». En la convocatoria se especificará el número de plazas a proveer, el plazo para la presentación de solicitudes y las normas por las que se regirá el concurso-oposición.

Art. 66. Para ser admitido al concurso-oposición será necesario haber accedido, por la condición de Licenciado en Derecho, a un cuerpo o escala del grupo A o a la carrera judicial o fiscal; no haber sido condenado, procesado o inculpado por delito doloso, a menos que hubiese obtenido la rehabilitación o hubiera recaído en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento; no hallarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no estar separado mediante procedimiento judicial o disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o del de los órganos constitucionales del Estado o estatutarios de las Comunidades Autónomas [77].

Art. 67. 1. En la fase de concurso se apreciarán los méritos académicos y profesionales de los aspirantes. Se tendrán también en cuenta otros méritos que el Tribunal calificador estime de utilidad para el desempeño de las funciones de letrado. El Tribunal calificador podrá exigir, si lo considera conveniente, la realización de pruebas que acrediten los méritos alegados.

2. El concurso se valorará en un 70 por 100 de la puntuación máxima total de ambas fases y para pasar a la de oposición será necesario obtener una calificación no inferior al 35 por 100 de la mencionada puntuación total [78].

Art. 68. La fase de oposición constará de dos ejercicios:

a) El primero consistirá en la redacción de un tema sacado a la suerte de un programa que comprenderá entre un mínimo de 50 y un máximo de 100 temas, que se publicará al convocarse el concurso-oposición.

b) El segundo ejercicio consistirá en la redacción de un dictamen sobre un supuesto del que pueda conocer el Tribunal Constitucional.

El tiempo máximo de que dispondrán los opositores para la realización de estas pruebas será, respectivamente, de cuatro y seis horas.

Art. 69. La redacción por escrito de los dos ejercicios citados en el artículo anterior se realizará a puerta cerrada, siendo leídos posteriormente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal calificador, el cual podrá plantear verbalmente a los opositores las preguntas o cuestiones aclaratorias que estime oportunas.

Art. 70. Al concluir cada ejercicio, el Tribunal calificador hará pública la lista de los aspirantes aprobados y la puntuación obtenida por éstos, de acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria del concurso-oposición.

Art. 71. El Tribunal calificador estará constituido por el Presidente del Tribunal Constitucional, que podrá delegar en cualquier Magistrado, y por cuatro Vocales, elegidos por el Pleno entre los Magistrados y los Letrados del Tribunal. Para la válida constitución del Tribunal calificador será necesaria la presencia de todos sus miembros. Para su actuación bastará con la presencia de tres de ellos, y, en ausencia del Presidente, será presidido por el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, por el de mayor edad.

Art. 72. Concluido el concurso-oposición, el Tribunal calificador hará pública la lista de los aprobados por el orden de la puntuación total obtenida y la elevará, en unión de las actas de sus sesiones, al Tribunal Constitucional. En ningún caso dicha lista podrá contener mayor número de aprobados que de plazas.

Art. 73. Quienes superen el concurso-oposición y estén comprendidos en la lista de aprobados serán nombrados Letrados por el Presidente del Tribunal Constitucional. Con el juramento o promesa y la toma de posesión, que se hará ante el Secretario general, quedarán integrados en el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional.

CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de los Letrados

Art. 74. 1. Será aplicable a los Letrados el régimen de incompatibilidades al que remite la Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero.

2. La colaboración en la docencia universitaria deberá ser autorizada, en su caso, por el Pleno del Tribunal, según lo previsto en el artículo 2, g), de este Reglamento, previo informe del Secretario general, y siempre que el ejercicio de dicha actividad docente no menoscabe el servicio del Tribunal.

Art. 75. Se aplicará a los Letrados lo dispuesto en la legislación reguladora del personal al servicio de la Administración de Justicia en cuanto a pérdida de la cualidad de funcionario y situaciones administrativas, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 76. 1. Los miembros del Cuerpo de Letrados no podrán solicitar el paso a la situación de excedencia voluntaria hasta que transcurran tres años desde la toma de posesión y en ella no podrán permanecer más de diez años continuados, ni menos de dos.

2. El reingreso de los Letrados que se encuentren en situación de excedencia voluntaria deberá ir precedido de una información que acredite que el solicitante no se encuentra incurso en causa que le impida el ejercicio de la función.

Art. 77. En caso de separación del servicio de los Letrados, la rehabilitación, una vez extinguida la responsabilidad y cancelados, en su caso, los antecedentes penales, es de la competencia del Pleno del Tribunal.

Art. 78. 1. La jubilación forzosa por razón de edad se declarará de oficio al cumplir el Letrado la edad establecida, a tal efecto, para Jueces y Magistrados [79].

2. La jubilación por causa de incapacidad permanente se declarará previa instrucción de expediente, y se resolverá por el Presidente del Tribunal Constitucional, previo informe del Secretario general.

Art. 79. El régimen de vacaciones, licencias y permisos será el que, con carácter general, se establece para el personal al servicio del Tribunal Constitucional.

Art. 80. 1. Las retribuciones de los Letrados son básicas y complementarias [80]. Las retribuciones básicas son las correspondientes a los miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado.

2. El complemento de destino retribuirá conjuntamente el nivel del puesto de trabajo, su especial dificultad técnica y la dedicación, responsabilidad e incompatibilidad de los Letrados y el Gerente.

3. Los letrados que desempeñen Jefaturas de Servicio, el Gerente y el Jefe del Gabinete percibirán un complemento específico.

Quienes tras haber desempeñado durante tres o más años el cargo de Secretario general o de Secretario general adjunto, o ambos sucesivamente, se mantuvieran al servicio del Tribunal como letrados percibirán un complemento específico igual al que corresponda a los letrados Jefes de Servicio.

4. No obstante lo dispuesto en el número 1 de este artículo, los trienios de los Letrados adscritos tendrán la regulación y cuantías correspondientes a los Cuerpos y Escalas de los que procedan [81].

Art. 81. El régimen de Seguridad Social de los Letrados de carrera será el previsto para los miembros de la Carrera Judicial [82]. El de los Letrados adscritos será el que les corresponda por su Cuerpo de origen.

Art. 82. Cuando cesen en el servicio activo, los Letrados causarán para sí o para sus familiares las pensiones que se determinen en la legislación de derechos pasivos y de la Seguridad Social para los miembros de la Carrera Judicial. El haber regulador aplicable a estos efectos será el que se establezca anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Art. 83. A los efectos de las indemnizaciones por razón del servicio, el Secretario general quedará incluido en el régimen aplicable a los Subsecretarios de los distintos Departamentos ministeriales. A los Letrados les será aplicable el régimen establecido para los miembros de la Carrera Judicial.

CAPÍTULO III

Del régimen disciplinario

Art. 84. 1. Los Letrados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas en este Reglamento.

2. El procedimiento sancionador se iniciará por acuerdo del Secretario general, por propia iniciativa, o como consecuencia de orden del Tribunal, o de su Presidente o Vicepresidente.

3. Se aplicarán las normas que respecto al procedimiento disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia se establecen en su legislación propia.

Art. 85. 1. Las faltas cometidas por los Letrados se calificarán de muy graves, graves o leves.

2. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los seis meses y las muy graves al año, desde la fecha de su comisión.

Art. 86. 1. Se consideran faltas muy graves:

a) La infracción de las incompatibilidades establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal.

b) El abandono o el retraso injustificado y reiterado en el desempeño de la función que tenga encomendada.

c) El quebrantamiento del deber de secreto.

d) La ausencia injustificada al Tribunal por más de ocho días.

e) La emisión de informe, o la preparación de estudios, manifiestamente ilegales o faltando intencionadamente a la verdad en la constatación de los hechos o en las citas legales, jurisprudenciales o doctrinales.

f) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

g) Haber sido condenado por delito doloso.

2. Se consideran faltas graves:

a) La falta de respeto a los Magistrados o al Secretario general.

b) La ausencia injustificada por más de tres días y menos de ocho.

c) Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones del Tribunal, si no se hubieren realizado con finalidad doctrinal o científica.

d) El quebrantamiento del deber de reserva o sigilo, cuando no constituya falta muy grave.

e) La falta de respeto al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo o a otras representaciones públicas, o a los Abogados y Procuradores que acudan al Tribunal.

f) El exceso o abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

g) El incumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a la condición de Letrado o al cargo de Gerente que, por su intencionalidad, perturbación del servicio o atentado a la dignidad del Tribunal, deban calificarse de graves.

h) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves.

3. Se consideran faltas leves:

a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las funciones.

b) La falta no repetida de asistencia sin causa justificada.

c) La incorrección o desconsideración con los Magistrados o el Secretario general, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo u otras representaciones públicas, o los Abogados o Procuradores o las personas que tengan asuntos ante el Tribunal.

d) La desconsideración con los Secretarios de Justicia u otro personal del Tribunal.

e) Las otras vulneraciones de los deberes u obligaciones de los Letrados que no tengan una calificación más grave.

Art. 87. 1. Las sanciones que pueden imponerse por razón de las faltas a las que se refiere el artículo anterior son las de advertencia, reprensión, pérdida de hasta sesenta días de remuneraciones, excepto el 75 por 100 de las retribuciones básicas y la totalidad de la ayuda familiar, suspensión de un mes a un año y separación.

2. Las faltas leves se sancionarán con advertencia o reprensión; las graves, con reprensión o pérdida de remuneraciones, y las muy graves, con pérdida de remuneraciones por más de treinta días, suspensión o separación.

Art. 88. El Secretario general es el competente para imponer la sanción de advertencia; el Presidente, la de reprensión, pérdida de remuneraciones y suspensión, y el Pleno, la de separación.

Art. 89. El Presidente del Tribunal, a propuesta del Instructor del procedimiento disciplinario, o por sí, podrá acordar preventivamente la suspensión provisional del Letrado indiciariamente incurso en falta muy grave, cuando la continuidad del mismo en el desempeño de sus funciones resulte notoriamente perturbadora para el buen servicio del Tribunal. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el 75 por 100 de sus retribuciones básicas y la totalidad de la ayuda familiar.

Art. 90. 1. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los Letrados o al Gerente se anotarán en su expediente personal, con indicación de las faltas que las motivaron.

2. La sanción de advertencia quedará cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza. La anotación de la reprensión se cancelará cuando haya transcurrido el plazo de un año desde que se impuso; la de pérdida de retribuciones, por el transcurso de dos años, y la de suspensión, por el de cuatro.

3. Para la cancelación será preciso que durante el tiempo establecido en el párrafo anterior no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción. Cuando al tiempo de la cancelación se siguiere procedimiento, se esperará a su terminación.

Art. 91. Se aplica al Secretario general el régimen disciplinario establecido para los Letrados, si bien la competencia para imponer la sanción de advertencia corresponde al Presidente del Tribunal.

TÍTULO IV

Del personal adscrito

CAPÍTULO PRIMERO

De la adscripción

Art. 92. 1. Los concursos de méritos serán resueltos por el Presidente del Tribunal a propuesta de la correspondiente comisión de valoración. En los procedimientos de libre designación, la propuesta de nombramiento corresponderá al Secretario general, previo informe, en su caso, del jefe de la unidad o servicio correspondiente.

2. La adscripción al Tribunal se formalizará con la toma de posesión del funcionario nombrado ante el Secretario general [83].

Art. 93. 1. El cese en la adscripción se verificará por decisión del funcionario adscrito o del Tribunal Constitucional, de conformidad, en uno y otro caso, con lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Transcurridos dos años desde su toma de posesión, los funcionarios a los que se refiere este título podrán solicitar su reincorporación al servicio activo en la plaza que tuvieran reservada. La solicitud se dirigirá al Secretario general del Tribunal Constitucional, quien la remitirá, con su informe [84], al Ministerio que haya de resolver.

El transcurso de dos años desde la toma de posesión será también condición necesaria para que los funcionarios adscritos puedan, de conformidad con la normativa que resulte aplicable, concursar a otra plaza de las reservadas a su Cuerpo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 c) de este Reglamento, el Presidente del Tribunal, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá acordar el cese en la adscripción, con reincorporación del funcionario a la Administración de procedencia, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando el puesto de trabajo específico que ocupare el funcionario desapareciera de la plantilla del Tribunal y no procediera la continuación de la adscripción en puesto de carácter análogo.

b) Cuando el funcionario adscrito hubiere incurrido en responsabilidad disciplinaria, por falta grave o muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de este Reglamento [85].

CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de los funcionarios adscritos

Art. 94. Los funcionarios adscritos al Tribunal Constitucional tendrán, cualquiera que sea su procedencia, los derechos y deberes establecidos en la normativa reguladora del personal al servicio de la Administración de Justicia, sin perjuicio de la aplicación preferente de la legislación referida al propio Tribunal y de lo dispuesto en el presente Reglamento, en las demás normas dictadas por el Tribunal y en los acuerdos, resoluciones e instrucciones de sus órganos de gobierno. Tendrá carácter supletorio la legislación en materia de función pública [86].

Art. 95. Las vacaciones, licencias o permisos se regirán por las normas generales a las que remite el artículo anterior, si bien la concesión de licencias y permisos corresponderá al Secretario general [87], excepto las extraordinarias para realizar estudios, que se concederán, si procediese, por el Presidente del Tribunal, previo informe del Secretario general.

Art. 96. Las retribuciones de los funcionarios a los que se refiere este título se ordenarán por los acuerdos que adopte el Pleno, en el marco de las previsiones de la relación de puestos de trabajo y con arreglo a los siguientes criterios:

1. Las retribuciones básicas serán las que correspondan a los respectivos Cuerpos o Escalas a que pertenezcan los funcionarios.

2. El complemento de destino retribuirá conjuntamente, para cada puesto de trabajo, su nivel de responsabilidad, dedicación y, en su caso, su especial dificultad técnica.

3. El Pleno establecerá los complementos específicos que correspondan a los puestos de trabajo determinados en la relación de puestos de trabajo, en atención a las condiciones particulares concurrentes en los mismos.

4. El Pleno podrá establecer, atendiendo a la Administración de procedencia de los funcionarios, los pertinentes complementos de adecuación [88].

Art. 97. 1. El régimen disciplinario de los funcionarios adscritos será el correspondiente al personal al servicio de la Administración de Justicia, sin más peculiaridades que las establecidas en los apartados siguientes.

2. Tendrán, en todo caso, la consideración de faltas muy graves la violación del deber de secreto y la falta de probidad profesional en el desempeño de las funciones que correspondan al funcionario.

3. El procedimiento disciplinario se iniciará por resolución del Secretario general, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, o a solicitud del Secretario de Justicia o Jefe del Servicio o Unidad de quien dependa directamente el funcionario.

4. El Secretario general es competente para imponer las sanciones de advertencia, apercibimiento, reprensión, pérdida de haberes y suspensión.

5. Si, a resultas del expediente disciplinario, la sanción aplicable fuera la de separación del servicio, las actuaciones practicadas serán remitidas al Ministerio correspondiente, con el informe del Secretario general, quedando el funcionario, mientras se tramita el expediente disciplinario, en situación de suspensión provisional.

TÍTULO V

De los funcionarios de empleo

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 98. 1. El personal eventual será nombrado y cesado libremente, de conformidad con lo que disponga la relación de puestos de trabajo del Tribunal. Su cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento especial.

2. Se asignará al personal eventual una retribución igual a la establecida para aquellos funcionarios de carrera que realicen una función análoga.

3. El personal eventual se regirá por las normas establecidas para los funcionarios de carrera en lo que les sea aplicable y resulte adecuado a su carácter de eventualidad [89].

Art. 99. [.......] [90].

Art. 100. [.......] [91].

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El personal de otras Administraciones Públicas que, sin estar adscrito al Tribunal, preste su servicio en el mismo, se regirá por la normativa que, en cada caso, le sea de aplicación, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 15 de este Reglamento, y de la posibilidad de que el Tribunal, en uso de su autonomía presupuestaria, acuerde conceder a este personal una retribución específica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Una Comisión integrada por dos Magistrados, designados por el Pleno, el Secretario general, el Gerente y dos Letrados, designados por el Secretario general, preparará y elevará al Pleno del Tribunal, antes de que transcurra un año desde la entrada en vigor de este Reglamento:

a) El proyecto de relación de puestos de trabajo en el Tribunal.

b) Un proyecto de norma reglamentaria que, adecuando la normativa general a las condiciones propias del Tribunal, ordene los órganos de representación del personal al servicio del Tribunal y, en su caso, la Mesa de negociación. En tanto dicha norma reglamentaria no entre en vigor, seguirán siendo de aplicación en el Tribunal los preceptos legales relativos a las Juntas de Personal.

Antes de elevar al Pleno uno y otro proyecto, la Comisión someterá los mismos a la consideración e informe de las representaciones del personal. En todo caso, los Magistrados comisionados y el Secretario general informarán periódicamente al Pleno sobre el estado de los trabajos de la Comisión.

Segunda. Lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento no impedirá que continúen prestando servicio al Tribunal quienes, al tiempo de su entrada en vigor, estuvieran contratados en régimen laboral. Los nuevos contratos laborales se acomodarán, en todo caso, a lo prevenido en el citado precepto reglamentario.

Tercera. En tanto no se apruebe la relación de puestos de trabajo, se cubrirán mediante adscripción temporal las vacantes de Letrados que se produzcan en las plazas que estén así provistas a la entrada en vigor de este Reglamento, sin perjuicio de lo prevenido en su artículo 53.5.

Cuarta. Lo dispuesto en el artículo 61.5 de este Reglamento no será obstáculo para la convocatoria y provisión, en tanto no se apruebe la relación de puestos de trabajo, de las plazas vacantes que figuren en la plantilla del Tribunal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Queda derogado el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional de 15 de enero de 1981.

Segunda. Este Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] Véanse las disposiciones siguientes:

– Real Decreto 1259/1980, de 6 de junio («BOE» núm. 156, de 30 de junio), por el que se concede franquicia postal y telegráfica al Tribunal Constitucional.

– Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 13 de mayo de 2002 («BOE» núm. 127, de 28 de mayo; corrección en «BOE» núm. 129, de 30 de mayo), por la que se regulan las características del papel a utilizar en las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional.

– Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 2006 («BOE» núm. 1, de 1 de enero de 2007), por el que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal modificado por los Acuerdos de 26 de marzo de 2009 («BOE» núm. 86, de 8 de abril), y de 28 de abril de 2010 («BOE» núm. 105, de 30 de abril).

[2] Véase el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[3] Por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre) se aprueba una nueva relación de puestos de trabajo del personal a su servicio (artículo 2).

[4] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994 («BOE» núm. 252, de 21 de octubre).

[5] Los apartados d), f), h), j) y k) figuran redactados conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[6] Véase el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (§ 2).

[7] Apartado modificado por Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril, y «BOE» núm. 141, de 14 de junio). Véase el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[8] Véase su artículo 15.

[9] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994.

[10] Párrafo añadido por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre)

[11] Los apartados e), g) y h) figuran redactados conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[12] Véase la nota al artículo 96.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[13] Resolución de 26 de julio de 2004 («BOE» núm. 185, de 2 de agosto), de la Presidencia del Tribunal Constitucional, sobre delegación de competencias en materia de contratación.

[14] Los apartados b) y d) están redactados conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril). Téngase en cuenta que por Real Decreto 146/1999, de 29 de enero («BOE» núm. 26, de 30 de enero), desarrollado por la Orden de 30 de junio de 1999 («BOE» núm. 228, de 23 de septiembre), se modifica la estructura orgánica básica y funciones, y se transforma el organismo autónomo Parque Móvil Ministerial en Parque Móvil del Estado.

[15] Resolución de 26 de julio de 2004 («BOE» núm. 185, de 2 de agosto), de la Presidencia del Tribunal Constitucional, sobre delegación de competencias en materia de contratación.

[16] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[17] Artículo redactado de conformidad con el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[18] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[19] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[20] Véase el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (§ 2).

[21] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2001 («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[22] Véase el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (§ 2).

[23] Por Acuerdo de la Secretaría General de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril), se delegó el ejercicio de esta función en el Secretario General Adjunto.

[24] El Acuerdo de la Secretaría General de 13 de abril de 2011 delegó el ejercicio de esta función en el Secretario General Adjunto.

[25] Por Acuerdo de la Secretaría General de 13 de abril de 2011, se delegaron en el Secretario General Adjunto el ejercicio de las competencias económico-financieras contenidas en las letras g), h) e i).

[26] El Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril), dio nueva redacción al apartado 1, y adicionó el apartado 4.

[27] Por Acuerdo de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, se delegaron competencias en el Secretario General Adjunto del Tribunal.

[28] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[29] Apartado redactado de conformidad con el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[30] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994 («BOE» núm. 252, de 21 de octubre).

[31] Artículo derogado por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[32] Apartado redactado por el Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994.

[33] Rúbrica redactada conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011.

[34] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[35] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[36] Artículo derogado por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[37] Rúbrica redactada conforme al Acuerdo del Pleno de 8 de septiembre de 1999 («BOE» núm. 227, de 22 de septiembre).

[38] Los apartados 1 y 3 de este artículo figuran redactados conforme al Acuerdo del Pleno de 8 de septiembre de 1999; El apartado 2, conforme al Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002.

[39] Rúbrica redactada conforme al Acuerdo del Pleno de 28 de abril de 2010 («BOE» núm. 105, de 30 de abril).

[40] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 28 de abril de 2010 («BOE» núm. 105, de 30 de abril).

[41] Por Acuerdo del Pleno de 28 de abril de 2010 («BOE» núm. 105, de 30 de abril), se adicionó la rúbrica y el artículo 34 bis.

[42] Apartado derogado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[43] Rúbrica redactada conforme al Acuerdo del Pleno de 8 de septiembre de 1999 («BOE» núm. 227, de 22 de septiembre).

[44] Artículo redactado de conformidad con el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[45] Artículo derogado por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[46] Artículo derogado por Acuerdo del Pleno de 8 de septiembre de 1999 («BOE» núm. 227, de 22 de septiembre).

[47] Derogado por Acuerdo del Pleno de 8 de septiembre de 1999.

[48] Apartado adicionado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[49] Véase el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto («BOE» núm. 188, de 8 de agosto), por el que se aprueba el ordenamiento general de precedencias en el Estado.

[50] El apartado 1 de este artículo figura redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011; el apartado 2, está redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994.

[51] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994.

[52] Apartado redactado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[53] Véanse los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (§ 2).

[54] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[55] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[56] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002

[57] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[58] Derogado por Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[59] Redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril.

[60] Artículo derogado por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[61] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[62] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre).

[63] Véanse los artículos 65 a 73 de este Reglamento.

[64] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

Téngase en cuenta su disposición transitoria única que dice:

«Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 53.5 a) del Reglamento, las adscripciones de letrados que estén en curso a la entrada en vigor de este Acuerdo se mantendrán conforme a las normas por las que se acordaron. Antes de alcanzar su término, podrán ser renovadas, si así se estimase oportuno, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 53.3 del Reglamento. Se requerirá la mayoría favorable de tres cuartos del Pleno cuando la eventual renovación hubiera de deparar una duración de la adscripción superior a seis años y de la unanimidad del Pleno cuando se trate de adscripciones superiores a los nueve años».

[65] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 5 de octubre de 1994.

[66] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre) que adicionó el apartado 3, y al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril), que dio nueva redacción al apartado 1 y derogó el apartado 2. De conformidad con el Acuerdo de 13 de abril de 2011, de la Secretaría General, las competencias reseñadas en el apartado 3, se delegaron en el Secretario General Adjunto.

[67] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[68] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002.

[69] Apartado derogado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[70] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002, cuyo artículo 2 aprueba una nueva relación de puestos de trabajo.

[71] Por Acuerdo de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, se delegó esta competencia en el Secretario General Adjunto.

[72] Por Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril), se dio nueva redacción al apartado 2, y se derogó el apartado 3.

[73] Apartado redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[74] Por Acuerdo de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, se delegó esta competencia en el Secretario General Adjunto.

[75] Apartado derogado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[76] Véase el artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[77] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[78] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[79] Artículo 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

[80] Véase el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002, por el que se regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional (§ 6).

[81] De conformidad con el Acuerdo del Pleno de1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril) se dio nueva redacción al apartado 3; el apartado 4 está redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 8 de septiembre de 1999 («BOE» núm. 227, de 22 de septiembre).

[82] Texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.

[83] Artículo redactado según dispone el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

Adviértase que la propuesta de nombramiento prevista en el apartado 1, se delegó en el Secretario General Adjunto del Tribunal, de conformidad con el Acuerdo de la Secretaría General de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril).

[84] La emisión del citado informe se delegó en el Secretario General Adjunto, conforme al Acuerdo de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de la Secretaría General del Tribunal Constitucional.

[85] Apartado redactado según el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[86] Artículo redactado según dispone el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[87] Por Acuerdo de 13 de abril de 2011 («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, se delegó esta competencia en el Secretario General Adjunto.

[88] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 19 diciembre de 2002 («BOE» núm. 307, de 24 de diciembre), excepto el apartado 4, que está redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[89] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[90] Artículo derogado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

[91] Artículo derogado por el Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2011 («BOE» núm. 80, de 4 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 82, de 6 de abril).

§ 4 ACUERDO DE 15 DE JUNIO DE 1982, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE ACUERDAN LAS NORMAS QUE HAN DE REGIR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DURANTE EL PERÍODO DE VACACIONES

(«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1982)

Artículo 1. Son días inhábiles, a efectos jurisdiccionales, en materia constitucional, los días 1 a 31 de agosto, ambos inclusive.

Art. 2. Sólo correrán durante el período de vacaciones los plazos señalados para iniciar los distintos procesos atribuidos a la competencia de este Tribunal, salvo los señalados por días en los artículos 43.2 y 44.2 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional [1].

Art. 3. La declaración de inhabilidad que se contiene en el artículo 1 no alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatarse hasta la reanudación de la actividad ordinaria del Tribunal y, en todo caso, a los incidentes de suspensión.

Art. 4. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, el Tribunal o sus Salas podrán reunirse y actuar durante el período de vacaciones y habilitar los días que fueran necesarios, cuando consideren que el asunto reclama una actuación que no puede demorarse sin quebranto para la justicia. La decisión de la convocatoria del Tribunal o de la Sala se adoptará por su Presidente.

Art. 5. Durante el período de vacaciones quedará constituida una Sección, compuesta por el Presidente o quien lo sustituya y dos Magistrados.

Art. 6. Durante el período de vacaciones continuará abierto el Registro General del Tribunal Constitucional, desde el lunes a viernes, ambos inclusive, desde las nueve treinta a las trece treinta horas [2].

[1] Artículo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 17 de junio de 1999 («BOE» núm. 148, de 22 de junio).

[2] Artículo derogado conforme a la disposición derogatoria del Acuerdo de 18 de enero de 2001 («BOE» núm. 20, de 23 de enero), del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica el horario del Registro General del Tribunal Constitucional.

El artículo único del citado Acuerdo dispone:

«El Registro General del Tribunal Constitucional estará abierto todos los días hábiles, incluso durante el mes de agosto, desde las nueve treinta hasta las quince horas, en la sede del mismo, calle Doménico Scarlatti, número 6, de esta villa.»

§ 5 ACUERDO DE 12 DE DICIEMBRE DE 1988, DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES EN DICHO TRIBUNAL

(«BOE» núm. 298, de 13 de diciembre de 1988)

En virtud de las competencias a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre, y oídos la Junta de Personal y el Delegado de Personal Laboral, acuerdo:

Artículo 1. Las situaciones de huelga que afecten al Tribunal Constitucional se entenderán condicionadas al mantenimiento de los servicios esenciales en las distintas unidades del Tribunal Constitucional.

Art. 2. 1. A los efectos previstos en el artículo anterior se considerarán como servicios esenciales los siguientes:

Los servicios a los que corresponda la tramitación de aquellas actuaciones con plazos preclusivos coincidentes con el día de la huelga, cuyo incumplimiento pueda suponer la pérdida o perjuicio grave de derechos o intereses de terceras personas.

Registro General.

Servicio telefónico y telegráfico.

2. Se considera personal mínimo para atender los servicios esenciales consignados en el número anterior los siguientes:

a) Un Letrado y un Secretario, un Oficial, un Auxiliar y un Agente de la Administración de Justicia.

b) Dos Subalternos, un Telefonista y el Telegrafista.

3. El Secretario general del Tribunal Constitucional establecerá los servicios mínimos referidos a los servicios de mantenimiento y vigilancia que considere necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones del edificio sede de dicho Tribunal.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

§ 6 ACUERDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(«BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2002)

Artículo 1. Ámbito de aplicación.–1. El régimen retributivo que se establece por el presente Acuerdo será de aplicación al personal al servicio del Tribunal Constitucional, ya se trate de funcionarios, de carrera o eventuales, o de personal en régimen laboral.

Art. 2. Funcionarios de carrera.–El régimen retributivo de los funcionarios de carrera al servicio del Tribunal comprende los conceptos siguientes:

1. Retribuciones básicas:

a) Sueldo: Su importe se fija en el que la Ley de Presupuestos de cada ejercicio asigne al Cuerpo o Carrera al que pertenezca el funcionario. Los Letrados al servicio del Tribunal, ya se trate de los integrados en el Cuerpo a que se refiere el artículo 97.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, o de adscripción temporal, percibirán el sueldo establecido para los Magistrados de la Carrera Judicial.

Los Secretarios de Justicia al servicio del Tribunal percibirán el sueldo establecido para los Secretarios Judiciales de primera categoría. [1]

b) Trienios: Se rigen por su normativa específica y las previsiones de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, acreditándose por los importes correspondientes a los que el funcionario tenga reconocidos por su pertenencia a los diversos Cuerpos o Carreras. Los trienios que se reconozcan a los Letrados integrados en el Cuerpo a que se refiere el artículo 97.1 de la Ley Orgánica 2/1979 se acreditarán por las cuantías establecidas para los Magistrados de la Carrera Judicial.

c) Pagas extraordinarias: Se rigen por su normativa específica y las previsiones de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

2. Retribuciones complementarias:

a) Complemento de destino: Este concepto retribuirá conjuntamente, para cada puesto de trabajo, su nivel de responsabilidad, dedicación y, en su caso, su especial dificultad técnica. De conformidad con las previsiones de la relación de puestos de trabajo, su importe se fijará para cada año por el Pleno al aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal para el correspondiente ejercicio.

b) Complemento específico: Este concepto retribuirá las condiciones particulares concurrentes en determinados puestos de trabajo. De conformidad con las previsiones de la relación de puestos de trabajo, su importe se fijará para cada año por el Pleno al aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal para el correspondiente ejercicio.

c) Complementos de adecuación: Al objeto de adecuar las retribuciones de los funcionarios al servicio del Tribunal a las condiciones de prestación del servicio y a las características de los puestos de trabajo propios del Tribunal Constitucional, y tomando en consideración la procedencia de distintas administraciones públicas del personal funcionario a su servicio, el Pleno del Tribunal fijará para cada año, al aprobar el proyecto de presupuesto para el correspondiente ejercicio, los pertinentes complementos de adecuación, tanto de sueldo como de antigüedad, a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, en los distintos grupos de clasificación de los mismos a que se refiere el artículo 25 de dicha Ley [2].

Los importes de los complementos de adecuación se acreditarán en doce mensualidades. En el complemento de adecuación de antigüedad únicamente se tomarán en consideración los trienios que se les haya reconocido y acreditado a los funcionarios mientras hayan permanecido prestando servicios en el Tribunal Constitucional, modificándose, en su caso, en función de los nuevos trienios que se reconozcan, y sin que sea de aplicación a los funcionarios adscritos con carácter temporal ni a quienes desempeñen puestos de carácter eventual, excepto cuando estos últimos sean desempeñados por funcionarios adscritos al Tribunal [3].

d) [.......] [4].

Art. 3. Funcionarios eventuales.–El personal eventual percibirá las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo de asimilación en que se clasifiquen sus funciones en la relación de puestos de trabajo, así como las retribuciones complementarias, incluidas las de adecuación que resulten pertinentes, asignadas en dicha relación al puesto de trabajo que desempeñen.

Los funcionarios de carrera que ocupen puestos de trabajo que pueden ser desempeñados asimismo por personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, y las retribuciones complementarias, incluidas las de adecuación que resulten pertinentes, que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen [5].

Art. 4. Personal en régimen laboral.–Las retribuciones del personal laboral al servicio del Tribunal serán las establecidas en el Convenio Colectivo para el personal laboral del Tribunal Constitucional, dentro del principio de equiparación retributiva con los funcionarios que desempeñen tareas de igual o similar nivel.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2003. Sin perjuicio de su ejecución y efectos desde dicha fecha, se publicará, para general conocimiento, en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo quedará sin efectos el Acuerdo de 3 de julio de 1990, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 3 de agosto de 1990.

[1] Párrafo añadido por Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 2004 («BOE» núm. 3, de 4 de enero de 2005).

[2] Véase el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

[3] Letra redactada de conformidad con el Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 2004 («BOE» núm. 3, de 4 de enero de 2005).

[4] Letra suprimida por Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 2004.

[5] Párrafo redactado conforme al Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 2004 («BOE» núm. 3, de 4 de enero de 2005).

AMPARO CONSTITUCIONAL

§ 7 ACUERDO DE 18 DE JUNIO DE 1996, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LOS PROCESOS DE AMPARO CONSTITUCIONAL

(«BOE» núm. 174, de 19 de julio de 1996)

El artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Civil para la regulación de la comparecencia en juicio, dentro de la que se comprende la defensa jurídica gratuita.

Las particularidades del proceso constitucional de amparo, de entre las que destacan las previstas en los artículos 81 y 95 de la Ley Orgánica 2/1979, motivaron en su día la adopción del Acuerdo de este Tribunal de 20 de diciembre de 1982, por el que se aprobaron normas acerca de la defensa por pobre en los procesos constitucionales, Acuerdo en el que se efectuaban continuas remisiones a la regulación contenida en la sección segunda del título I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyos preceptos van a quedar derogados cuando el próximo día 12 de julio de 1996 entre en vigor la nueva Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Dicha ineludible circunstancia, junto a la necesidad de adecuar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional a la Ley 1/1996, así como la conveniencia de reformar, a la luz de la experiencia desarrollada durante estos últimos años, algunos apartados de la normativa contenida en el Acuerdo de 20 de diciembre de 1982, hace precisa la aprobación de un nuevo Acuerdo del Tribunal sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional.

Por lo expuesto y en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 2.2 de su Ley Orgánica (LOTC en lo sucesivo), el Tribunal Constitucional, en reunión del Pleno del día 18 de junio de 1996, ha aprobado el siguiente Acuerdo:

CAPÍTULO PRIMERO

Objeto

Artículo 1. El derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los casos contemplados en los artículos 2 a 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y con el contenido previsto en el artículo 6, se ejercitará ante este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con lo establecido en aquella Ley y en el presente Acuerdo.

CAPÍTULO II

Recursos de amparo previstos en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Art. 2. 1. Quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los artículos 2 a 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y pretendan interponer el recurso de amparo contemplado en el artículo 42 de la LOTC, deberán dirigir al Tribunal Constitucional, dentro del plazo previsto en dicho precepto, un escrito en el que manifiesten expresamente dicho propósito.

2. A dicho escrito acompañarán copia o testimonio de las decisiones o actos que pretendan impugnar, así como la certificación acreditativa de haber solicitado ante el Colegio de Abogados de Madrid o ante el Juez Decano de su domicilio el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días para interponer el recurso de amparo desde que se le comunique la designación provisional de Abogado y Procurador prevista en el artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, o desde que se le notifique la resolución definitiva de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

El plazo para interponer la demanda de amparo quedará suspendido si alguno de los interesados formulara contra dicha resolución definitiva la impugnación regulada en el artículo 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

CAPÍTULO III

Recursos de amparo previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Sección 1.ª Insuficiencia económica originaria

Art. 3. Cuando la resolución que agote la vía jurisdiccional previa al recurso de amparo haya sido dictada por un órgano judicial con sede en Madrid, quienes pretendan promover un recurso de amparo y ya tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en dicha vía jurisdiccional, deberán interponer la demanda de amparo en el plazo previsto en los artículos 43 y 44 de la LOTC, salvo en el caso de que el Letrado designado de oficio para asistir al interesado en la vía judicial previa, en los seis días posteriores a la notificación de aquella resolución, oponga reparos a la sostenibilidad del recurso en los términos previstos en los artículos 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Art. 4. 1. Cuando la resolución que agote la vía jurisdiccional previa al recurso de amparo haya sido dictada por un órgano judicial que no tenga su sede en Madrid, quienes pretendan promover un recurso de amparo y ya tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en dicha vía jurisdiccional deberán dirigirse por escrito al Tribunal Constitucional dentro del plazo previsto en los artículos 43 y 44 de la LOTC.

2. En dicho escrito harán constar expresamente su intención de interponer recurso de amparo, expondrán sucintamente una relación circunstanciada de los hechos en que se funde su pretensión y solicitarán que, a requerimiento del Tribunal, se les designe Abogado y Procurador del turno de oficio.

Cuando el Abogado que haya asistido al interesado en la vía judicial previa considere sostenible la pretensión y consienta en seguir ejerciendo gratuitamente sus funciones en el recurso de amparo, dicha solicitud deberá limitarse a requerir la designación de un Procurador de oficio.

3. En todo caso, los interesados acompañarán al referido escrito copia o testimonio de las resoluciones judiciales que pretendan impugnar en amparo, la acreditación de la fecha en que les hayan sido notificadas y la certificación del derecho a la asistencia jurídica gratuita que previamente se les haya reconocido.

Cuando en dicho escrito se limiten a solicitar la designación de Procurador de oficio, deberán acompañar, además, el original del escrito de renuncia del Abogado a percibir honorarios en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

4. El Tribunal Constitucional, tras examinar el escrito a que se refieren los anteriores apartados, podrá denegar la solicitud de designación de Abogado y Procurador de oficio cuando manifiestamente concurra alguno de los siguientes motivos:

Primero.–Que el escrito del interesado se haya presentado fuera del plazo previsto en los artículos 43 y 44 de la LOTC.

Segundo.–Que el enjuiciamiento de la materia a que se refiera la impugnación no corresponda a la competencia del Tribunal Constitucional.

Tercero.–Que las resoluciones que se pretendan impugnar no sean susceptibles de recurso de amparo constitucional.

Cuarto.–Que no se haya agotado la vía judicial procedente o todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.

Art. 5. Cuando el Abogado designado de oficio oponga reparos a la sostenibilidad del recurso de amparo en los términos previstos en los artículos 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el plazo para interponerlo se computará desde el día en que se notifique al interesado la decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, si fuere desestimatoria, o desde el día en que se produzca la designación del segundo Abogado de oficio.

Art. 6. Quienes pretendan oponerse a un recurso de amparo dirigido contra una resolución dictada por un órgano judicial con sede en Madrid y ya tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en la vía jurisdiccional previa, habrán de personarse ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo que les haya sido concedido en la cédula de emplazamiento, asistidos y representados por los profesionales que les hubieren sido designados en la vía judicial previa.

Art. 7. 1. En el caso previsto en el artículo anterior, si el recurso de amparo se dirige contra una resolución dictada por un órgano que no tenga su sede en Madrid, quienes pretendan oponerse al mismo deberán dirigirse por escrito al Tribunal Constitucional dentro del plazo que les haya sido concedido en la cédula de emplazamiento.

2. En dicho escrito harán constar expresamente su intención de oponerse al recurso de amparo, y solicitarán que, a requerimiento del Tribunal, se les designe Abogado y Procurador del turno de oficio.

Cuando el Abogado que haya asistido al interesado en la vía judicial previa consienta en seguir ejerciendo gratuitamente sus funciones en el recurso de amparo, dicha solicitud se limitará a requerir la designación de un Procurador de oficio.

3. En todo caso, los interesados acompañarán al referido escrito la cédula de emplazamiento y la certificación del derecho a la asistencia jurídica gratuita que previamente se les haya reconocido.

Cuando en dicho escrito se limiten a solicitar la designación de un Procurador de oficio, deberán acompañar, además, el escrito de renuncia del Abogado a percibir honorarios en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Sección 2.ª Insuficiencia económica sobrevenida

Art. 8. 1. Quienes se encuentren en la situación de insuficiencia económica sobrevenida a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y pretendan interponer recurso de amparo, deberán dirigir al Tribunal Constitucional, dentro del plazo previsto en los artículos 43 y 44 de la LOTC, un escrito en el que manifiesten expresamente su intención de recurrir.

2. A dicho escrito acompañarán copia o testimonio de las resoluciones judiciales que pretendan impugnar en amparo, así como la certificación acreditativa de haber solicitado ante el Colegio de Abogados de Madrid o ante el Juez Decano de su domicilio el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

3. En estos casos, al plazo para interponer el recurso de amparo se computará desde que se produzca la notificación de la designación provisional de Abogado y Procurador de oficio en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o desde que se les notifique la resolución definitiva de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

El plazo para interponer la demanda de amparo quedará suspendido si alguno de los interesados interpusiere contra dicha resolución definitiva la impugnación regulada en el artículo 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Art. 9. Si la situación de insuficiencia económica sobreviniese con posterioridad a la interposición del recurso de amparo, el recurrente o la persona a quien se haya tenido por comparecida en calidad de demandada o de coadyuvante deberá presentar ante el Tribunal la certificación acreditativa de haber solicitado ante el Colegio de Abogados de Madrid o ante el Juez Decano de su domicilio el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Art. 10. 1. En el caso previsto en el artículo anterior, la persona a quien se hubiere desestimado la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá formular la impugnación a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que será resuelta por el Tribunal.

2. Una vez recibidas las actuaciones, el Tribunal concederá un plazo de tres días para formular alegaciones por escrito al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

3. Finalizado dicho plazo, el Tribunal resolverá la impugnación, mediante auto, en el plazo de tres días.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 1. Quienes pretendan interponer recurso de amparo contra las resoluciones judiciales desestimatorias de la impugnación a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, deberán dirigirse por escrito al Tribunal Constitucional dentro del plazo previsto en el artículo 44 de la LOTC.

2. En dicho escrito, donde harán constar expresamente su intención de interponer recurso de amparo, expondrán sucintamente una relación circunstanciada de los hechos en que se funde su pretensión, y solicitarán que, a requerimiento del Tribunal, se les designe Abogado y Procurador del turno de oficio.

3. En todo caso, los interesados acompañarán al referido escrito copia o testimonio de la resolución judicial que pretendan impugnar en amparo, así como la acreditación de la fecha en que les haya sido notificada.

4. El Tribunal, salvo que el escrito se hubiere presentado fuera del plazo legalmente establecido, requerirá, sin más, a los respectivos colegios la designación definitiva de Abogado y Procurador del turno de oficio.

El Abogado así designado no podrá instar el procedimiento regulado en los artículos 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

5. Si el recurso de amparo fuere inadmitido o desestimado, los profesionales que hayan asistido y representado al recurrente tendrán derecho a percibir de éste los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas.

Segunda. Lo dispuesto en la disposición anterior será igualmente de aplicación a quienes, alegando insuficiencia económica, pretendan interponer recurso de amparo contra las resoluciones judiciales desestimatorias de solicitudes formuladas en virtud de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de Habeas Corpus.

Tercera. Quienes pretendan interponer un recurso de amparo dirigido contra una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que no sea legalmente exigible la intervención de Abogado o de Procurador y ya tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberán dirigirse por escrito a este Tribunal dentro del plazo previsto en los artículos 43 y 44 de la LOTC.

Dicho escrito deberá formularse de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 4 del presente Acuerdo y el Tribunal podrá rechazar la solicitud que en él se haga constar por cualquiera de las causas previstas en el apartado 4 de ese mismo precepto.

Cuarta. Corresponderá a los Secretarios de Justicia del Tribunal Constitucional dictar las diligencias de ordenación que hayan de adoptarse en aplicación del presente Acuerdo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Acuerdo de este Tribunal de 20 de diciembre de 1982 por el que se aprueban normas acerca de la defensa por pobre en los procesos constitucionales.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

§ 8 ACUERDO DE 20 DE ENERO DE 2000, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR EL QUE SE APRUEBAN NORMAS SOBRE TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS DE AMPARO A QUE SE REFIERE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL

(«BOE» núm. 21, de 25 de enero de 2000)

En uso de las facultades que le confiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del mismo ha aprobado las siguientes normas:

Artículo 1. 1. Los recursos de amparo a que se refieren los artículos 49, apartados 3 y 4, y 114, apartado 2, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se interpondrán y ordenarán con arreglo a los requisitos establecidos en los artículos 49 y 81 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y según lo dispuesto en este Acuerdo. En lo que resulte aplicable, se estará a lo prevenido, con carácter general, en la citada Ley Orgánica 2/1979.

2. Con la demanda se acompañarán tantas copias como partes hubiera habido en el proceso anterior y una más para el Ministerio Fiscal.

Art. 2. Si la demanda de amparo se dirigiese contra los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de candidaturas y candidatos (arts. 47.3 y 49 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General), el plazo para su interposición será de dos días a partir de la notificación de la resolución judicial recaída en el proceso previo a que se refiere el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Orgánica, y los artículos 8.4 y 12.3.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, observándose las siguientes reglas de interposición y tramitación:

1.ª Además de en el Registro General del Tribunal Constitucional, la demanda de amparo podrá presentarse en la sede del Juzgado o Tribunal cuya resolución hubiese agotado la vía judicial. En este último caso, el órgano judicial la remitirá inmediatamente al Tribunal Constitucional por medio que asegure su recepción en el plazo máximo de un día, acompañándola de las correspondientes actuaciones, tanto las judiciales como las seguidas ante la Administración electoral, que, para el caso de no obrar en su poder, serán previamente requeridas con carácter urgente.

2.ª Al mismo tiempo, se dará traslado de la demanda a las partes intervinientes en el procedimiento previo, con excepción de la demandante de amparo, para que en el plazo de dos días puedan personarse, mediante Procurador habilitado, ante el Tribunal Constitucional y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho.

3.ª El mismo día del recibimiento del recurso en el Tribunal Constitucional se dará vista del mismo al Ministerio Fiscal, para que, en el plazo de un día, pueda efectuar las alegaciones que estime procedentes.

4.ª El Tribunal Constitucional resolverá, sin más trámite, en el plazo de tres días, una vez deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores o transcurridos los plazos correspondientes.

5.ª Lo dispuesto en los apartados que anteceden se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional.

Art. 3. La interposición y tramitación de los recursos de amparo a que se refiere el artículo 114.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se ajustarán, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás preceptos de este Acuerdo, a los siguientes plazos:

1. Tres días para la interposición del recurso de amparo y para la personación y alegaciones de quienes hubiesen sido parte en el procedimiento judicial previo.

2. Cinco días para la presentación de alegaciones por el Ministerio Fiscal.

3. Diez días para la resolución del recurso de amparo.

De presentarse la demanda de amparo en la sede del órgano judicial cuya resolución hubiese agotado la vía previa, el mismo la remitirá al Tribunal Constitucional con el conjunto de las actuaciones y el informe de la Junta Electoral a que se refiere el artículo 112.3 de la citada Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.

Art. 4. Para el cómputo de los plazos señalados en los artículos anteriores, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Orgánica 5/1985, los días se entenderán siempre naturales.

Art. 5. Quienes en la vía judicial hubiesen solicitado y obtenido provisionalmente asistencia jurídica gratuita, acompañarán con el escrito de demanda o, en su caso, de personación, certificación acreditativa de la correspondiente designación. Si no hubiera sido legalmente exigible la intervención de Procurador, o si el mismo no perteneciese al Colegio de Madrid, deberá haberse solicitado expresamente su designación antes de la interposición de la demanda de amparo o, en su caso, de la personación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los Acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de mayo de 1986 y de 24 de abril de 1991.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO

§ 9 REAL DECRETO 1203/2010, DE 24 DE SEPTIEMBRE (PRESIDENCIA), POR EL QUE SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 869/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 495/2010, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

(«BOE» núm. 233, de 25 de septiembre)

[.......]

Art. 10. Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.–1. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con nivel orgánico de subsecretaría, es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, con las competencias y funciones contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal. En particular, le corresponde el asesoramiento jurídico del Ministerio de Justicia.

b) La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades enumeradas en el párrafo precedente, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de la legislación vigente.

c) La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante cualesquiera órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, la asistencia jurídica del Reino de España en otros organismos internacionales, así como cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos autónomos, restantes organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o extrajudiciales en el extranjero.

d) La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios.

e) La gestión económico-financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así como las funciones de administración y gestión de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado que no estén atribuidas a otros órganos superiores.

2. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado se organiza en las siguientes Subdirecciones Generales, con las funciones establecidas en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio:

a) La Subdirección General de los Servicios Consultivos.

b) La Subdirección General de los Servicios Contenciosos.

c) El Gabinete de Estudios.

d) La Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales.

e) La Subdirección General de Coordinación y Auditoría.

f) La Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos.

g) La Secretaría General.

3. Dependerán, asimismo, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, orgánica y funcionalmente, las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo.

b) La Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.

c) Las Abogacías del Estado de los departamentos ministeriales.

4. Dependerán, igualmente, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, orgánica y funcionalmente, las siguientes unidades, con las funciones que establece el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado:

a) La Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

b) Las Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado.

c) Dependerán asimismo, orgánica y funcionalmente, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado los Abogados del Estado adscritos, en la forma prevista en la disposición adicional tercera, al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Abogacías del Estado que existen en los distintos organismos y entidades públicos.

5. Para la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, los Abogados del Estado serán nombrados como agentes por el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Los Abogados del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos tendrán el carácter de Agentes del Reino de España, a los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y serán nombrados por real decreto a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Justicia.

6. La unidad especial en el Servicio Jurídico del Estado creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 de mayo, actuará bajo la superior dependencia del Ministro de Justicia y la inmediata del titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, y desempeñará las funciones previstas en el artículo 3 del citado real decreto.

7. La organización antes descrita no será óbice para que, mediante la aprobación de la correspondiente relación de puestos de trabajo, puedan configurarse departamentos por órdenes jurisdiccionales y/o por materias, dependientes orgánica y funcionalmente de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que asuman la llevanza de algunos de los procesos y/o el ejercicio de algunas de las funciones consultivas atribuidas al Servicio Jurídico del Estado.

Su organización, incardinación y funciones se concretarán en cada caso por el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado en la iniciativa para la modificación de la relación de puestos de trabajo presentada al órgano competente para su propuesta o aprobación.

[.......]

§ 10 REAL DECRETO 997/2003, DE 25 DE JULIO (PRESIDENCIA DEL GOBIERNO), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO

(«BOE» núm. 188, de 7 de agosto de 2003)

[.......]

Artículo único. Aprobación del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, cuyo texto se inserta a continuación de este real decreto.

[.......]

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados:

[.......]

e) El Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio, por el que se crea la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.

[.......]

REGLAMENTO DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO

[.......]

TÍTULO III

Régimen de la función contenciosa

[.......]

CAPÍTULO IV

Actuación procesal de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional

Art. 50. Funciones contenciosas y encuadramiento orgánico de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.–1. El desempeño de las funciones encomendadas al Abogado del Estado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se llevará a cabo a través la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, integrada en la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado [1].

Art. 51. Comunicación de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional con los órganos ejecutivos del Estado.–El Ministro de Justicia encauzará las relaciones entre los órganos del Estado afectados y la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos a través del titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, salvo que razones de urgencia aconsejaran la comunicación directa [2].

Art. 52. Actuaciones en casos especiales ante el Tribunal Constitucional.–1. El Gobierno, por motivos excepcionales y oído el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, podrá acordar que un abogado en ejercicio, especialmente designado al efecto, actúe por los órganos ejecutivos del Estado, como Abogado del Estado «ad hoc», en un procedimiento determinado de los establecidos en el capítulo II del título II o en los capítulos II, III y IV del título IV de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Abogado designado por el Gobierno asumirá, en el desempeño de sus servicios, las funciones del Abogado del Estado y se ajustará a las disposiciones de este Reglamento.

2. En el caso citado en el apartado anterior, así como en el supuesto de asunción de asuntos por el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de este reglamento, y en aquellos en los que de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 se atribuya la representación y defensa a un Abogado del Estado no adscrito a la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos, el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado comunicará al Tribunal Constitucional, con la antelación necesaria, el nombre o nombres de quienes han de llevar a cabo las actuaciones ante éste [3].

3. En los casos citados en los apartados anteriores y en aquellos en los que de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de este reglamento se atribuya la representación y defensa a un Abogado del Estado no adscrito a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado comunicará al Tribunal Constitucional, con la antelación necesaria, el nombre o nombres de quienes han de llevar a cabo las actuaciones ante éste.

Art. 53. Ejercicio de acciones ante el Tribunal Constitucional.–El Abogado del Estado no ejercerá acciones ante el Tribunal Constitucional sin que exista resolución del órgano ejecutivo del Estado legitimado para ello. Para interponer recurso de amparo se requerirá autorización del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.

Art. 54. Formulación de demanda en el recurso de inconstitucionalidad.–1. En el recurso de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado formulará la demanda a tenor de las instrucciones que reciba por conducto del titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

2. Si acordada la interposición del recurso estuviera a punto de vencer el plazo establecido para ello y no hubiese recibido instrucciones al respecto, se formulará la demanda en la forma más adecuada en derecho, con observancia, en todo caso, de lo prevenido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos dará inmediata cuenta de la presentación de la demanda al titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, la que, a su vez, sin la menor dilación, lo comunicará al correspondiente órgano ejecutivo del Estado [4].

Art. 55. Emplazamiento y personación de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.–1. En los casos de los artículos 34.1 y 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el traslado al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, se verificará mediante el emplazamiento y entrega de la demanda o cuestión a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.

2. Salvo determinación expresa en contrario comunicada dentro de los siete días posteriores a la recepción del traslado, el Abogado del Estado quedará facultado para personarse en el recurso o cuestión de inconstitucionalidad y para efectuar las alegaciones que estime técnicamente más convenientes y que mejor sirvan a los intereses de la defensa, en el plazo legalmente señalado al efecto.

Art. 56. Actuación del Abogado del Estado en el recurso de amparo.–1. El Abogado del Estado deberá solicitar el alzamiento o la modificación de la suspensión del acto recurrido en amparo tan pronto como conozca datos o circunstancias que hagan aconsejable tal alzamiento o modificación.

2. La Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional comunicará lo procedente a la Abogacía del Estado competente, a los efectos del artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dentro de los quince días posteriores a la publicación de la sentencia.

3. En caso de dictarse por el tribunal pronunciamientos reiterados de otorgamiento de amparo en asuntos de análoga naturaleza que afecten a órganos o Administración defendidos por el Abogado del Estado, éste elevará comunicación detallada al titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, a fin de que por ésta se adopten o propongan las medidas oportunas [5].

Art. 57. Actuación del Abogado del Estado en los conflictos de competencia.–1. El Abogado del Estado planteará conflicto entre el Estado y una comunidad autónoma con arreglo a las instrucciones que reciba del Gobierno, e invocará el artículo 161.2 de la Constitución cuando expresamente se indique.

2. En el caso de previo requerimiento, el Abogado del Estado planteará el conflicto cuando esté expresamente autorizado para ello en virtud del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros.

Del mismo modo se procederá en el supuesto del artícu-lo 73.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

3. En los conflictos planteados por el órgano ejecutivo superior de una comunidad autónoma en los que tenga interés el Estado, el Gobierno, en el mismo día en que reciba la comunicación a que se refiere el artículo 64.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, trasladará al Abogado del Estado dicha comunicación de la iniciación del conflicto. El Abogado del Estado se opondrá a la pretensión del promotor del conflicto en los términos que estime mejor ajustados a derecho, salvo que reciba instrucciones precisas del Gobierno dentro de los diez primeros días del plazo de alegaciones.

De modo semejante se procederá en el caso del artículo 69.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La formulación de alegaciones a que se refiere el artícu-lo 75.quinquies de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se realizará defendiendo la constitucionalidad de la norma estatal de régimen local correspondiente o, en su caso, en el modo que sea más favorable al Estado.

4. En el caso del artículo 72.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Abogado del Estado sólo actuará mediante instrucciones expresas del Gobierno.

5. En el supuesto del artículo 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Abogado del Estado se atendrá a lo dispuesto en el artículo 55.2 de este reglamento.

Art. 58. Actuación del Abogado del Estado en los procedimientos de declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.–En el procedimiento establecido para la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, el Abogado del Estado evacuará el trámite a que se refiere el artículo 78.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, e informará ante éste en los términos que entienda más ajustados a la Constitución, con arreglo a los antecedentes que reciba.

Cuando el procedimiento fuera promovido por cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales, el Gobierno dará cuenta del emplazamiento a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional y cursará las instrucciones oportunas a la mayor brevedad posible.

Art. 59. Otras disposiciones sobre la actuación procesal del Abogado del Estado.–1. A efectos del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, en general, para realizar en el pleito principal o en sus incidencias cualquier acto que no suponga disposición de la relación jurídica procesal, el Abogado del Estado no precisará de autorización o consulta, salvo que otra cosa se disponga por el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.

2. Los actos de desistimiento, renuncia o reconocimiento procesal, total o parcial, de pretensiones de fondo requieren previa autorización del órgano legitimado en cada caso. En los recursos de amparo bastará la autorización del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. A tales fines, la Abogacía del Estado podrá elevar, cuando lo estime procedente, las correspondientes propuestas. La certificación del acuerdo recaído se acompañará al escrito en que formalicen tales actos.

3. El Abogado del Estado recurrirá en súplica las providencias y autos del Tribunal Constitucional que sean desfavorables a los intereses por los que postula cuando estime que existe un claro fundamento jurídico para que el recurso prospere.

4. En el caso de que el Tribunal Constitucional imponga costas a parte o partes no representadas y defendidas por el Abogado del Estado, a los honorarios que correspondan a éste se les dará el destino previsto en las leyes.

5. Cuando el órgano o Administración defendidos y representados por el Abogado del Estado hubieran de plantear incidencias de ejecución, éstas se promoverán a través de la Abogacía del Estado que en cada caso corresponda.

6. Cualquier órgano de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos deberá prestar a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional la asistencia y colaboración precisas, facilitando cuantos datos, informes o antecedentes le sean solicitados por dicha Abogacía para el mejor cumplimiento de su misión.

Art. 60. Comunicación con el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.–Los Abogados del Estado que tengan encomendadas las funciones a que este capítulo se refiere deberán observar, además de las prevenciones anteriormente establecidas, las siguientes:

a) El titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado podrá requerir la copia de cuantos escritos procesales formulen, con el fin de que pueda ejercer las funciones de dirección que le son propias.

b) Remitirán al titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado copia de las sentencias del tribunal que le sean notificadas, así como de aquellos autos y providencias de mayor importancia.

c) Cuidarán de cumplir e interesarán que se cumplan las normas procesales aplicables [6].

[.......]

[1] Artículo redactado conforme al Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo, («BOE» núm. 57, de 6 de marzo), por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

[2] Artículo redactado conforme al Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo, («BOE» núm. 57, de 6 de marzo).

[3] Los apartados 1 y 2 están redactados conforme al Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo («BOE» núm. 57, de 6 de marzo).

[4] Artículo redactada conforme al Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo («BOE» núm. 57, de 6 de marzo).

[5] Apartado redactado conforme al Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo («BOE» núm. 57, de 6 de marzo).

[6] Artículo redactado conforme al Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo («BOE» núm. 57, de 6 de marzo).

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional:

Actuación en los conflictos de competencia, § 10, 57.

Actuación en procedimientos de declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, § 10, 58.

Actuaciones en casos especiales, § 10, 52.

Comunicación con el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, § 10, 60.

Comunicación con los órganos ejecutivos del Estado, § 10, 51.

Ejercicio de acciones, § 10, 53.

Emplazamiento y personación, § 10, 55.

Formulación de demanda en el recurso de inconstitucionalidad, § 10, 54.

Funciones contenciosas y encuadramiento orgánico, § 10, 50.

Otras disposiciones sobre actuación procesal del Abogado del Estado, § 10, 59.

Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, § 9.

Abogados:

Actuación ante el Tribunal Constitucional:

Designación, § 2, 81.1.

Inhabilitación, § 2, 81.3.

Requisitos, § 2, 81.2.

De oficio, § 7, 4.2.

Miembros del Tribunal Constitucional, § 1, 159.2; § 2, 18.

Abogados del Estado:

Conflictos de competencia, § 10, 57.

Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, § 10, 57.

Declaración sobre constitucionalidad de Tratados Internacionales, § 10, 58.

Designación, § 10, 52.

Desistimiento, § 10, 59.2.

Ejercicio de acciones, § 10.5.

Oposiciones a conflictos planteados por las Comunidades Autónomas, § 10, 57.3.

Recurso de amparo, § 10, 56.

Recurso de inconstitucionalidad, § 10, 54.

Recurso de súplica, § 10, 59.3.

Renuncia, § 10, 59.2.

Aclaración de sentencias:

Plazo para su solicitud, § 2, 93.1.

Acumulación de procesos, § 2, 83.

Amparo

(Véase Recurso de amparo constitucional).

Asistencia jurídica gratuita

(Véase Justicia gratuita).

Autos:

En general, § 2, 86.1.

Inadmisión recurso de amparo, § 2, 50.2.

Auxilio jurisdiccional:

Normas supletorias aplicables, § 2, 80.

Prestación por los Juzgados y Tribunales, § 2, 87.2.

B

Boletín Oficial del Estado:

Comparecencia de interesados ante el Tribunal Constitucional, § 2, 46.2.

Letrados del Tribunal Constitucional (publicación convocatoria concurso-oposición), § 3, 65.

Publicación de sentencias:

En procedimientos de inconstitucionalidad, § 1, 164.1; § 2, 38.1.

Plazo, § 2, 86.2.

Publicación del Reglamento del Tribunal Constitucional, § 2, 2.2.

Recursos de amparo (anuncios para comparecencia de interesados), § 2, 46.2.

Votos particulares (publicación), § 1, 164.1; § 2, 90.2.

C

Coadyuvante:

Legitimados para comparecer en el procedimiento de amparo, § 2, 47.1.

Representantes y defensa, § 2, 81.1.

Comparecencia en juicio, § 2, 80 y 81.1.

Competencia:

Apreciación de oficio, § 2, 4.2.

Prohibición de promoverla, § 2, 4.1.

Comunidades Autónomas:

Conflictos con el Estado o con otra Comunidad:

Causas, § 2, 61.

Legitimación, § 2, 60.

Negativos, § 2, 68 a 72.

Positivos, § 2, 62 a 67.

Impugnación por el Gobierno de sus resoluciones, § 1, 161.2; § 2, 76 y 77.

(Véase Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí).

Conflictos constitucionales:

Conocimiento por el Tribunal Constitucional, § 2, 59.

(Véanse Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí y Conflictos entre órganos constitucionales del Estado).

Conflictos en defensa de la autonomía local:

Actos que pueden motivarlos, § 2, 75 bis.1.

Admisión o inadmisión del conflicto, § 2, 75 quinquies.1 y 2.

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 75 quinquies.6.

Dictamen, § 2, 75 ter.3 y 75 quáter.1.

Efectos de la decisión del Tribunal, § 2, 75 bis.2.

Legitimación para interponerlos, § 2, 75 ter.1.

Notificación a los interesados, § 2, 75 quinquies.3.

Plazo de interposición, § 2, 75 quáter.1.

Plazo para resolución, § 2, 75 quinquies.4.

Sentencia, § 2, 75 quinquies.5.

Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí:

Actos que pueden motivarlos, § 2, 61.1.

Efectos de la decisión del Tribunal, § 2, 61.3.

Legitimación para interponerlos, § 2, 60.

Negativos:

Alegaciones, § 2, 69.

Documentación, § 2, 69.1.

Formulación, § 2, 68 y 69.1.

Por el Gobierno, § 2, 71 y 72.

Sentencia, § 2, 70.

Supuestos, § 2, 68.

Positivos:

Formalización por el Gobierno, § 2, 62.

Plazo de interposición, § 2, 62 y 63.

Plazo de resolución, § 2, 65.

Procedimiento, § 2, 64.

Requerimiento por Comunidad Autónoma, § 2, 63.

Sentencia, § 2, 66.

Suspensión norma en conflicto, § 2, 64.2 y 3 y 65.2.

Suspensión por Tribunales de procesos pendientes hasta la resolución, § 2, 61.2.

Conflictos entre órganos constitucionales del Estado:

Alegaciones, § 2, 74.

Documentación, § 2, 73.2.

Legitimación para interponerlos, § 2, 5.1.

Objeto, § 2, 73.

Plazo:

Para la interposición, § 2, 73.

Para la resolución, § 2, 75.1.

Sentencia, § 2, 75.2.

Congreso de los Diputados:

Conocimiento de cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por Jueces o Tribunales, § 2, 37.2.

Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, § 1, 159.1.

Consejo General del Poder Judicial:

Legitimación para interponer conflictos de competencia, § 2, 59.1.

Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, § 1, 159.1; § 2, 16.

Cosa juzgada:

Sentencias recaídas en procedimiento de inconstitucionalidad, § 2, 38.1 y 40.1.

Costas de procedimiento, § 2, 95.2.

Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional

(Véase Letrados del Tribunal Constitucional).

Cuestión de inconstitucionalidad:

Admisión (efectos), § 2, 30.

Alegaciones, § 2, 37.2.

Elevación al Tribunal Constitucional, § 2, 36.

Inadmisión, § 2, 37.1.

Plazos para interposición, § 2, 35.2.

Procedimiento, § 2, 35.2 y 37.

Sentencia, § 2, 37.2.

Supuestos, § 2, 35.1.

Cuestiones prejudiciales e incidentales:

Conocimiento por el Tribunal Constitucional, § 2, 3.

D

Declaración de inconstitucionalidad

(Véase Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad).

Decretos legislativos:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 28.2.

Decretos-leyes:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 28.2.

Defensor del Pueblo:

Incompatibilidad con cargo de Magistrado, § 2, 19.1.

Legitimación para interponer recursos:

De amparo, § 1, 162.1 b); § 2, 46.

De inconstitucionalidad, § 1, 162.1 a); § 2, 32.1.

Demandas:

En recurso de amparo:

Contenido, § 2, 49.1.

Documento a acompañar, § 2, 49.2.

Inadmisión, § 2, 50.1 a 3.

Traslado a las partes, § 2, 51.

En recurso de amparo en materia electoral, § 8.

En recurso de inconstitucionalidad:

Contenido, § 2, 33.

Plazo para presentarla, § 2, 33.

Traslado a las partes, § 2, 34.

Derechos fundamentales:

Protección jurisdiccional, § 2, disposición transitoria 2.ª, 2.

Desistimiento, § 2, 80.

Días hábiles, § 2, 80.

Días inhábiles, § 4.

Diputados:

Incompatibilidad para ser Magistrado del Tribunal Constitucional, § 2, 19.1.

Legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad, § 2, 32.1.

Doctrina del Tribunal Constitucional, § 2, 13 y 99.2; § 3, 25.1 i).

E

Elecciones:

Recurso de amparo en la materia, § 8.

Emplazamiento:

Recurso de amparo, § 2, 51.2.

Estatutos de Autonomía:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.

F

Fiscales:

Miembros del Tribunal Constitucional, § 1, 159.2; § 2, 18.

Funcionamiento del Tribunal Constitucional

(Véase Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional).

Funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:

Clases, § 2, 96.1; § 3, 43.

De empleo, § 3, 98 a 100.

Eventuales, § 3, 47.

Incompatibilidades, § 2, 96.3.

Incorporación, § 3, 52 a 59.

Interinos, § 3, 48.

Legislación aplicable, § 2, 96.2.

Nombramiento, § 3, 56.

Retribuciones, § 6.

Funcionarios públicos:

Adscripción al Tribunal Constitucional, § 3, 46.

Miembros del Tribunal Constitucional, § 1, 159.2; § 2, 18.

G

Gobierno:

Impugnación de disposiciones de las Comunidades Autónomas, § 1, 161.2; § 2, 76 y 77.

Legitimación para formalizar conflictos de competencias, § 2, 60 y 62.

Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, § 1, 159.1.

H

Huelga:

Servicios esenciales, § 5.

I

Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas:

Objeto, § 1, 161.2; § 2, 2.1 f) y 76.

Plazo, § 2, 76.

Procedimiento, § 2, 77.

Sentencia, § 2, 77.

Suspensión de la disposición, § 2, 77.

Inadmisibilidad:

De cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por Jueces o Magistrados, § 2, 37.1.

De recursos de amparo, § 2, 50.

Incompatibilidades:

De funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional, § 2, 96.3; § 3, 74.

De miembros del Tribunal Constitucional, § 1, 159.4; § 2, 19.

Indemnización de daños:

Competencia, § 2, 58.1.

Plazo de reclamación, § 2, 58.2.

J

Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional:

Competencias, § 3, 21.

Composición, § 3, 20.

Comunicación de acuerdos, § 3, 23

Convocatoria, § 3, 22.1

Sesiones (normas aplicables), § 3, 22.2.

Jurisdicción:

Ámbito territorial, § 1, 161.1; § 2, 1.2.

Apreciación de oficio, § 2, 4.2.

Prohibición de promoverla, § 2, 4.1.

Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, § 2, 40.2.

Justicia gratuita:

Ante el Tribunal Constitucional, § 2, 95.1.

En los procesos de amparo constitucional, § 7.

L

Legitimación:

Conflictos de competencia, § 2, 62, 63 y 73.

Recurso de amparo, § 1, 162.1 b); § 2, 46.1.

Recurso de inconstitucionalidad, § 1, 162.1 a); § 2, 32.1.

Letrados del Estado

(Véase Abogados del Estado).

Letrados del Tribunal Constitucional:

Adscripción temporal, § 3, 53.2 a 5.

Derechos pasivos, § 3, 82.

Faltas y sanciones, § 3, 85 a 90.

Funciones, § 3, 44.2.

Incompatibilidades, § 3, 74.

Indemnizaciones, § 3, 83.

Nombramiento, § 3, 56 y 73.

Responsabilidad disciplinaria, § 3, 84.

Retribuciones, § 3, 80;

Seguridad Social, § 3, 81.

Selección, § 3, 53.1 y 65 a 73.

Situaciones administrativas, § 3, 75 a 79.

Leyes:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.

Leyes Orgánicas:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.

Licencias:

De funcionarios adscritos, § 3, 94.

M

Magistrados:

Miembros del Tribunal Constitucional, § 1, 159.2; § 2, 18.

Magistrados del Tribunal Constitucional:

Cese, § 2, 23.

Condiciones para ser nombrados, § 1, 159.2; § 2, 18.

Derechos pasivos, § 2, 25.

Designación, § 2, 16.2.

Ejercicio de sus funciones, § 2, 22.

Incompatibilidades, § 2, 19.

Juramento o promesa, § 2, 21.

Nombramiento, § 2, 16.1 y 18.

Período de su mandato, § 2, 16.2 y 17.2.

Remuneración de transición, § 2, 25.1.

Responsabilidad criminal, § 2, 26.

Servicios especiales, § 2, 20.

Suspensión, § 2, 24.

Ministerio Fiscal:

Cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Magistrados, § 2, 35.2 y 37.

Recurso de amparo:

Intervención, § 2, 47.2.

Legitimación para interponerlo, § 1, 162.1 b); § 2, 46.

Multas:

Coercitivas, § 2, 95.4.

Imposición, § 2, 95.3.

Límites, § 2, 95.5.

N

Notificación de sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad, § 2, 38.3.

Nulidad:

De disposiciones que originaron conflictos de competencia, § 2, 66 y 75.2.

De preceptos declarados inconstitucionales, § 2, 39.1.

Del acto recurrido en amparo, § 2, 55.1.a).

O

Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional:

Comisiones, § 3, 12.1.

Competencias:

De la Junta de Gobierno, § 3, 21.

Del Pleno del Tribunal, § 3, 2.

Del Presidente, § 3, 14 y 15.

Del Secretario general, § 3, 25.

Composición de la Junta de Gobierno, § 3, 20.

Intervención, § 3, 39.

Presidente:

Delegación de competencias, § 3, 16.1.

Desconcentración de competencias, § 3, 16.2.

Órgano de apoyo:

Gabinete Técnico, § 3, 18.

Sustitución, § 3, 17.

Secretario general:

Órganos colegiados de apoyo:

Comisión de Informática Jurídica, § 3, 37 y 38.

Junta de compras, § 3, 35 y 36.

Vicesecretario general, § 3, 26.

Servicios y unidades:

Archivo Judicial y Registro General, § 3, 30 a 32.

Servicio de Doctrina Constitucional e Informática, § 3, 34.

Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación, § 3, 33.

Servicio de Gerencia, § 3, 27 a 29.

P

Permisos:

De funcionarios adscritos, § 3, 94.

Personal adscrito al Tribunal Constitucional:

Cese, § 3, 93.

Derechos y deberes, § 3, 94.

Nombramiento, § 3, 92.4.

Régimen disciplinario, § 3, 97.

Retribuciones, § 6, 96.

Vacaciones, licencias o permisos, § 3, 95.

Personal contratado en régimen laboral, § 3, 49.

Plazos:

Cómputo, § 2, 80.

Para formalizar conflictos de competencia, § 2, 62.

Para interponer recursos:

De amparo, § 2, 42, 43.2 y 44.2.

De inconstitucionalidad, § 2, 31 y 33.

De súplica contra autos y providencias, § 2, 93.2.

Para promover cuestiones de inconstitucionalidad por Jueces o Tribunales, § 2, 35.2.

Para publicación de sentencias, § 2, 86.2.

Relativos a recurso de amparo en materia electoral, § 8.

Pleno del Tribunal Constitucional:

Comisiones, § 3, 12.2.

Competencias, § 2, 10; § 3, 2.

Composición, § 2, 6.2.

Convocatoria, § 3, 5.

Elección de Presidente, § 2, 9.

Quórum para la adopción de acuerdos, § 2, 14 y 90.1; § 3, 7 y 11.

Secretario, § 3, 8 y 13.

Suspensión de deliberaciones, § 3, 9.

Votación, § 3, 10 y 11.

Presidente del Gobierno:

Legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad, § 1, 162.1; § 2, 32.1.

Presidente del Tribunal Constitucional:

Competencias, § 2, 15; § 3, 14 y 15.

Delegación, § 3, 16.

Juramento, § 2, 21.

Nombramiento, § 1, 160; § 2, 16.1.

Período de su mandato, § 1, 160; § 2, 9.3.

Representación del Tribunal, § 2, 15.

Solicitud de nombramiento de nuevos Magistrados, § 2, 17.

Voto de calidad, § 2, 90.1.

Presupuesto del Tribunal Constitucional:

Aprobación por el Pleno, § 3, 2 i).

Formación, § 2, disposición adicional 2.ª

Procedimiento ante el Tribunal Constitucional:

Abogados:

Inhabilitación, § 2, 81.3.

Requisitos, § 2, 81.2.

Acumulación de procesos, § 2, 83.

Autos, § 2, 86.1 y 93.2.

Auxilio jurisdiccional, § 2, 87.2.

Costas, § 2, 95.2.

Gratuidad, § 2, 95.1; § 7.

Iniciación del proceso, § 2, 85.1.

Legitimación, § 2, 81 y 82.

Motivos distintos de los alegados, § 2, 84.

Multas, § 2, 95.3 y 4.

Normas supletorias, § 2, 80.

Prueba, § 2, 89.1.

Quórum para adoptar acuerdos, § 2, 90.

Representación:

De Diputados o Senadores, § 2, 82.1.

De personas físicas o jurídicas, § 2, 81.1.

Del Estado y Comunidades Autónomas, § 2, 82.2.

Sentencias:

Aclaración, § 2, 93.1.

Ejecución, § 2, 92.

Publicación, § 2, 86.2.

Solicitud de informes y documentos, § 2, 88.

Subsanación de defectos, § 2, 85.2.

Testigos, § 2, 89.2.

Voto de calidad, § 2, 90.1.

Votos particulares, § 2, 90.2.

Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad:

Efectos, § 2, 30.

Elementos a considerar por el Tribunal, § 2, 28.

Materias susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.2 y 28.2.

Objeto, § 2, 27.1.

(Véanse Cuestión de inconstitucionalidad, Recurso de inconstitucionalidad y Sentencia del Tribunal Constitucional).

Procuradores de los Tribunales, § 2, 81.1.

Profesores de Universidad:

Miembros del Tribunal Constitucional, § 1, 159.2; § 2, 18.

Providencias:

En general, § 2, 86.1.

Inadmisión recurso, § 2, 50.1.

Q

Quórum:

De las Salas, § 2, 14 y 90.

De las Secciones, § 2, 14 y 90.

Del Tribunal en Pleno, § 2, 14 y 90.

R

Recurso de amparo constitucional:

Agotamiento de la vía judicial previa, § 2, 44.1 a).

Alegaciones, § 2, 52.

Ámbito, § 2, 41.2.

Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», § 2, 46.2.

Asistencia jurídica gratuita, § 7.

Competencia, § 1, 161.1.b); § 2, 2.1 b).

Contra actos sin valor de ley, § 2, 42.

Contra disposiciones y actos jurídicos, § 2, 43.

Demanda, § 2, 49.

Derechos y libertades protegidos, § 2, 41.1.

En materia electoral, § 8.

Gratuidad, § 7.

Inadmisión, § 2, 50.

Legitimación, § 1, 162.1.b); § 2, 46.

Ministerio Fiscal (intervención), § 2, 47.2.

Personas que pueden comparecer, § 2, 47.

Plazo para su interposición, § 2, 42, 43.2 y 44.2.

Sentencia, § 2, 53 y 55.

Vista, § 2, 52.

Recurso de inconstitucionalidad:

Admisión (efectos), § 2, 30.

Alegaciones, § 2, 34.2.

Competencia, § 1, 161.1 a); § 2, 2.1 a).

Demanda, § 2, 33 y 34.1.

Desestimación, § 2, 29.2.

Iniciación, § 2, 85.1.

Legitimación, § 2, 32.

Objeto, § 2, 31.

Personación, § 2, 34.2.

Plazo:

Para interponer la demanda, § 2, 31 y 33.

Para personación y alegaciones, § 2, 34.2.

Sentencia, § 2, 34.2.

Suspensión por proceso penal, § 2, 91.

Recurso de súplica:

Contra autos y providencias, § 2, 93.2.

Plazo para interponerlo, § 2, 93.2.

Recusación y abstención, § 2, 80.

Régimen electoral:

Recurso de amparo, § 8.

Registro del Tribunal Constitucional, § 3, 30 a 32; § 5, 2.

Reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.

Reglamentos de las Cámaras Legislativas:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.

Reglamentos de las Cortes Generales:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 27.

Representación del Tribunal Constitucional, § 2, 15.

Resolución de recursos de amparo constitucional:

En materia electoral, § 8.

Indemnización de daños, § 2, 58.

Pronunciamiento de la Sala, § 2, 53 y 55.

Respecto de decisiones de Jueces y Magistrados, § 2, 54.

Suspensión de actos que motiven el recurso, § 2, 56.

Retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional:

Funcionarios de carrera, § 6, 2.

Funcionarios eventuales, § 6, 3.

Personal en régimen laboral, § 6, 4.

S

Salas del Tribunal Constitucional:

Competencias, § 2, 11 y 48.

Composición, § 2, 7.1.

Distribución de asuntos, § 2, 12.

Número, § 2, 7.1.

Presidencia, § 2, 7.2 y 3.

Quórum para la adopción de acuerdos, § 2, 14.

Secciones, § 2, 8.

Secciones:

Competencia, § 2, 8.

Composición, § 2, 8.

Quórum, § 2, 14.

Secretario general del Tribunal Constitucional:

Funciones, § 2, 99; § 3, 25.

Nombramiento, § 2, 98; § 3, 24.

Preparación, ejecución y liquidación del presupuesto, § 2, disposición adicional 2.ª

Régimen disciplinario, § 3, 91.

Secretarios de Justicia:

Funciones, § 2, 101; § 3, 45.

Nombramiento, § 3, 56.

Procedencia, § 2, 100.

Senado:

Conocimiento de cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por Jueces o Tribunales, § 2, 37.2.

Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, § 1, 159.1

(Véase Conflictos entre órganos constitucionales del Estado).

Senadores:

Legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad, § 2, 32.1.

Sentencia del Tribunal Constitucional:

Cumplimiento por los poderes públicos, § 2, 87.1.

Efectos, § 1, 164.

Ejecución, § 2, 92.

En conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, § 2, 66 y 72.3.

En conflictos entre órganos constitucionales del Estado, § 2, 75.

En defensa de la autonomía local, § 2, 75 quinquies.5.

En procedimiento de inconstitucionalidad:

Comunicación al órgano judicial, § 2, 38.3.

Contenido, § 2, 39.1.

Desestimatoria, § 2, 38.2.

Efectos, § 2, 38.1 y 40.

Publicación, § 2, 38.1.

Valor de cosa juzgada, § 2, 38.1.

En recursos de amparo, § 2, 53 y 55.

Publicación, § 1, 164; § 2, 38.1 y 86.2.

Servicios Jurídicos del Estado

(Véase Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional).

T

Tramitación de los recursos de amparo constitucional:

Alegaciones, § 2, 52.

Conocimiento, § 2, 48.

Demanda, § 2, 49.

En materia electoral, § 8.

Inadmisión, § 2, 50.

Remisión de actuaciones, § 2, 51.

Sentencia, § 2, 52.3.

Vista, § 2, 52.

Tratados Internacionales:

Declaración de inconstitucionalidad, § 2, 2.1 e) y 78.

Tribunal Constitucional:

Atribuciones, § 2, 2.2.

Competencia, § 1, 161; § 2, 2 a 4 y 59.

Composición, § 1, 159; § 2, 5.

Funcionamiento, § 2, 6 y siguientes; § 3 (véase Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional).

Independencia, § 2, 1.

Jurisdicción territorial, § 1, 161; § 2, 1.2 y 4.

Magistrados, § 2, 16 a 26 (véase Magistrados del Tribunal Constitucional).

Personal al servicio del Tribunal Constitucional, § 2, 96 a 102 (véanse Funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional y Personal adscrito al Tribunal Constitucional).

Presidente, § 1, 160; § 2, 9 y 15 (véase Presidente del Tribunal Constitucional).

Reglamento del Tribunal, § 2, 2.2.

Sujeción a la Constitución, § 2, 1.

Tribunales de Justicia:

Tutela de derechos y libertades, § 2, 41.1.

(Véase Cuestión de inconstitucionalidad).

V

Vacaciones:

De funcionarios adscritos, § 3, 95.

Normas de funcionamiento, § 4.

Vicepresidente del Tribunal Constitucional:

Elección, § 2, 9.4.

Funciones, § 2, 94.

Votación, § 2, 90.1.

Voto de calidad:

Del Presidente del Tribunal Constitucional, Sala o Sección, § 2, 90.1.

Voto particular:

Incorporación a la resolución, § 2, 90.2.